El gobierno de Sinaloa ha hecho retenciones a trabajadores para un fondo de ahorro y préstamos, pero la Secretaría de Administración y Finanzas no ha reportado esos fondos al fideicomiso correspondiente, conocido como SIAP.
La Auditoría Superior del Estado (ASE) reveló en la cuenta pública de 2020 que el Poder Ejecutivo sostiene esa práctica sobre el Fideicomiso 2000485 desde 2013, sin que haya, a la fecha, una repercusión penal, solo administrativa.
| Año en que se hizo retenciones al Fideicomiso 2000485 (SIAP) | Monto de retenciones por año |
|---|---|
| 2012 | $45,309,259.03 |
| 2013 | $155,400,603.86 |
| 2014 | $284,033,227.55 |
| 2015 | $217,058,263.24 |
| 2016 | $292,959,529.43 |
| 2018 | $136,270,874.71 |
| 2019 | $81,864,565.39 |
| 2020 | $205,381,604.09 |
| TOTAL | $1,418,277,977.30 |
Las retenciones no abonadas al fideicomiso no son las totales, es decir, solo una parte de las retenciones no han sido pagadas.
Eso ha sucedido en las administraciones de Mario López Valdez y Quirino Ordaz Coppel, de acuerdo con la Auditoría Superior del Estado.
Por ejemplo, en 2020 la administración de Quirino Ordaz Coppel retuvo 454 millones 867 mil 770.34 pesos, pero se omitió pagar 205 millones 381 mil 604.09 pesos, sin que se conozca para qué se usó ese dinero y por qué no se pagó a los trabajadores.
La Auditoría solicitó una Promoción de Responsabilidad Administrativa contra la Secretaría de Administración y Finanzas por esas retenciones no pagadas, como también sucedió en cuentas púbicas anteriores.
Maestros de la sección 53 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado de Sinaloa (SNTE 53) han cuestionado la falta de pago, solicitando auditorías especiales para conocer los motivos del adeudo con estos.
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Apenas el 22 de febrero de 2022 se ordenó una auditoría a ese fideicomiso y otro con número 110522, que fue el primero que se creó en 2013 para el mismo fin, solo que fue usado para comprar el edificio el edificio para la Unidad de Servicios Estatales en Culiacán.
“Es de conocimiento público el reclamo de diversos trabajadores del Estado con respecto a conocer la propiedad y arrendamiento del bien inmueble donde se encuentra la Unidad de Servicios Estatales del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa”, se señaló por la Comisión de Fiscalización del Congreso local el 22 de febrero de 2022.
“(…) La información de los fideicomisos que se ha señalado no es una acto de hoy, sino que lleva años tratándose de descifrar lo que ha sucedido con la situación financiera y administrativa, tal como se advierte en documentos públicos emitidos por la Auditoría Superior del Estado en el año 2016”.
Para los resultados de la auditoría no se cuenta con un plazo fijo de respuesta, pero esta deberá cumplirse o desecharse por la Auditoría Superior siempre y cuando justifique las razones para no hacerlo.
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