La desigualdad y la violencia ejercida hacia la mujer es una realidad en Sinaloa y en todo el País, pero cuando esta se traslada al sistema de justicia y a la investigación de delitos se incrementan las dificultades de una mujer para hacer valer sus derechos.

“Las mujeres históricamente no nos hemos acercado al tribunal, no hemos confiado en ellos, no hemos accedido a la justicia como un derecho humano porque siempre ha habido obstáculos y esos obstáculos son por ejemplo, los prejuicios estereotipados donde las mujeres tenemos la culpa de lo que nos pasa”, dijo la activista Priscila Salas.

De acuerdo con información proporcionada por la Secretaría de las Mujeres (SEMujeres), en la entidad, del 2020 al 2021 incrementaron en un 17% los feminicidios y en datos de la Fiscalía General del Estado (FGE) el 2021 cerró con 4 mil 705 denuncias por violencia familiar, 2 mil 51 por lesiones dolosas, 289 denuncias por violación y 371 denuncias por abuso sexual.

Sin embargo, ya sea por violación, violencia familiar, digital o feminicidio, en cualquier delito donde la mujer sea la víctima, se le suele señalar como la propia culpable de su fatalidad con comentarios como “Pues mira nada más como anda vestida”, “Ella misma se lo buscó”,  “Para qué anda a esas horas en la calle” o “La mujer misma propicia que le causen daño porque no hace caso a las recomendaciones”.

Esto es una revictimización, es decir, hace que la persona reviva la situación traumática y vuelva a asumir su papel de víctima.

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La respuesta revictimizante no solo proviene de la sociedad, también de las autoridades encargadas de investigar delitos como policías, Ministerios Públicos, la Fiscalía General de la República o las procuradurías y fiscalías estatales, lo cual, en muchos casos, inhibe a las mujeres a interponer una denuncia.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH 2016), el 5% de las mujeres no denunciaron un delito debido a la desconfianza en las autoridades, el 8% por vergüenza, el 7% porque no sabía dónde denunciar, el 3% no sabía de leyes y el 1% porque no le iban a creer.

La revictimización y la falta al acceso de justicia para las mujeres es un tema que las colectivas feministas han sacado a la luz en diversas ocasiones, entre ellas la Colectiva de Mujeres Activas Sinaloenses (CMAS) que al participar en el Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar (CEPAVIF) mencionó en voz de su integrante, la activista Mariel Yee:

“No puede ser posible que tengamos a agentes investigadores que hacen preguntas que no vienen al caso, que son violentos con las víctimas que tienen abierta su investigación (…) también la parte de la atención”

Pero la revictimización es algo que la misma Fiscal del Estado, Sara Bruna ha denominado como “trillado”.

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En este sentido, la vocera de la colectiva “No se metan con nuestras hijas”, Priscila Salas mencionó que entonces ya no se debe de hablar solo de una “revictimización”, sino de un acto de corrupción y discriminación de género por parte de las autoridades hacia las víctimas que acuden a interponer una denuncia.

Revictimización: Corrupción y violencia institucional 

De acuerdo con  Priscila Salas, hablar de revictimización hace parecer que es una situación leve donde se repite la misma violencia, pero en realidad se trata de violencias nuevas como corrupción de los agentes y las agentes del Ministerio Público, violaciones a los derechos humanos por parte de la Fiscalía General del Estado y violencia institucional.

“Es corrupción porque ellos deberían de hacer lo que tienen que hacer y hay muchas malas prácticas como la mala clasificación de un delito, que no se te trate de manera digna, que se te niegue tomar la denuncia, que quieran que tu ratifiques la investigación, que quieran que tu otorgues algún tipo de gratificación para que te den copias o informes, que se terminen las investigaciones de manera anticipada, que haya omisión en la investigación, que haya una detención arbitraria”, dijo.

Reclamó que son las autoridades como la Fiscalía, Gobierno del Estado y SEMujeres quienes tienen que voltear a ver esta corrupción, pues es una violencia que se suma a la que reciben las mujeres día tras día.

“El acceso a la justicia históricamente para las mujeres nunca ha sido fácil, hay delitos que hoy se consideran delitos precisamente porque se les considera personas a las mujeres, ciudadanas sujetas de derecho, pero antes no, hace cuarenta años, la violencia familiar contra las niñas, adolescentes y mujeres no era delito”, reflexionó.

Por otra parte, en el tema de las sentencias, dijo que la Fiscalía falta a los derechos humanos al otorgar condenas “ridículas” a los agresores, pues es la Fiscalía y los agentes de los ministerios públicos quienes  hostigan a las víctimas para que acepten el procedimiento abreviado.

“El papel de la fiscalía no es ofrecerles a los agresores, a los presuntos responsables o imputados el procedimiento abreviado. El papel de la Fiscalía es acusar, representar a la víctima, representar a la sociedad, obtener condenas justas que brinden y garanticen el acceso a los derechos humanos y el acceso a la justicia de las víctimas. Ese es el papel de la fiscalía”, reclamó.

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Señaló que esto se está convirtiendo en un vicio, donde se le da prioridad a la persona acusada y no a la víctima, “la procuración de justicia debe tomar en cuenta que la víctima también alcance justicia”.

Además, estas violaciones a los derechos humanos dentro del sistema de justicia no solo ocurren cuando las mujeres son víctimas de un delito, sino cuando son acusadas.

Por ello, la perspectiva de género, es decir, el mecanismo que permite identificar la discriminación, desigualdad y exclusión que sufren las mujeres, debe ser utilizado en ambas partes de la moneda.

Mujeres que defienden a mujeres

“Y ahí vengo, y mi prima, una bolsota traía así como que el chorrote, traía droga y dice éste va a ir aquí junto contigo. Me lo puso, ahí veníamos, venía yo dormida. En una bolsa de Sabritas, de ésas de… pero nunca me dijo lo que traía. Anabel, me hubieras dicho lo que traías, y cuando me dijeron queda detenida miré a mi cuñado y se levantó y se dio la vuelta. Me agarraron a mí y a él también, pero él sabía, yo creo que aquí ya no está. Y aquí estoy, qué bien engañan a uno, a un indígena lo engañan tan fácilmente, muy bien que lo engañan a uno, lo enredan a uno sin querer. No hablaba bien aquí, cuando yo caí, se reían de mí porque yo no hablaba bien, hablaba así, todo mocho, pensé que no podía hablar, todos me leían los papeles, y quién sabe qué es lo que dicen”, Ana, indígena cora, CERESO de Los Mochis, Sinaloa

Existe un estigma en las mujeres que son detenidas y juzgadas por cometer algún delito; no solo son señaladas por haber violado la ley, sino por su género, es decir, por no haber cumplido con el papel socialmente aceptado.

De acuerdo con el estudio “Garantizando los derechos humanos de las mujeres en reclusión”, del Instituto Nacional de las Mujeres, las mujeres sufren discriminación en los centros penitenciarios.

En Sinaloa hay tres centros penitenciarios; en Los Mochis, Culiacán y Mazatlán. Según el Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP) al corte de marzo del 2021, había 185 mujeres presas por algún motivo, y 7 de cada 10 con una edad de entre 18 a 39 años.

Karla Patricia Morales, defensora pública federal, dijo que en una de las visitas que se hizo al centro penitenciario de Culiacán, se constató que había mujeres que tienen años presas, pero que no se les ha dictado sentencia y otras más carecen de asesoría jurídica.

“Es un sector muy olvidado y en materia de delitos del Estado que es secuestro, trata de personas, robos, todo ese tipo de delitos del fuero común también están rebasados en representaciones y existen muchas, que tienen más de dos años en prisión preventiva, sin sentencia, entonces todo eso lo estamos analizando, algunas, debido a la pandemia nos dicen que tenían un particular pero ya no supieron de él”, expresó.

“En Mochis encontramos, en dos casos por ahí que, la representación por parte de los particulares no fue la adecuada, a criterio de las defensoras, entonces se pidieron los expedientes para revisarlas”, agregó.

Dijo que dentro del Instituto Federal de Defensoría Pública donde ella labora, hay mujeres que trabajan con perspectiva de género, esto para que las mujeres no se sientan doblemente vulneradas en sus derechos.

“A veces nos topamos con situaciones de género, de que vienen amenazadas, ya sea por un familiar, la pareja, imagina llega y la mayoría que la atienden son varones. La importancia es darle esa seguridad y ese empoderamiento a la mujer, porque normalmente se ve rodeada de un sistema de puros varones”, mencionó.

Señaló que las mujeres acusadas de cometer un delito tienen el derecho de solicitar que sea una mujer quien la defienda de manera gratuita.

Esto incluye a las mujeres o personas gestantes que estén siendo procesadas, hayan sido sentenciadas o pretendan ser imputadas por el delito de aborto.