Derechos Humanos

Gobierno de Sinaloa no corregirá errores en reforma que “despenaliza el aborto”

El gobernador Rubén Rocha Moya señaló que el Congreso local ya decidió y solo en la Cámara puede haber cambios

El gobierno de Sinaloa se reservará el derecho de veto a la reforma hecha por el Congreso local que sirve para despenalizar el aborto, pese a inconsistencias señaladas por grupos activistas y expertas.

“Yo lo que voy a hacer es recibir el decreto y lo voy a publicar a la Cámara de diputados, yo no la puedo corregir”, aseguró el gobernador Rubén Rocha Moya en entrevista.

“Sí podría hacer (un veto a la ley), pero nosotros ya revisamos eso, ya le pedí al licenciado Inzunza que revisara ese tema y eso ya lo revisamos, yo no la voy a vetar la voy a publicar. Respeto mucho a todas las opiniones, yo las recibí y todo, pero finalmente eso ya ocurrió en el Congreso y quiero respetar la opinión del Congreso”.

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Fernanda Díaz de León Ballesteros, subdirectora de incidencia de Ipas Centroamérica y México (Ipas CAM), señaló en un comunicado que hay tres errores técnicos que ponen en riesgo a las mujeres.

El primero es que invierte conceptos: en lugar de definir lo que deberá entenderse por “aborto”, utiliza el término “interrupción del embarazo”, se indicó en el comunicado.

Esto resulta problemático y contrario al marco jurídico nacional por todos los efectos que pueda generar en su implementación. ‘Interrupción del embarazo’ es un concepto médico que se utiliza en el marco normativo y regulador de la provisión de servicios de salud, para guiar la atención a las mujeres en las diferentes etapas de la gestación acorde con disposiciones oficiales como la Norma Oficial Mexicana 046 (NOM 046), mientras que ‘aborto’ es la denominación del delito contenido en la normativa nacional y las locales”, explicó Díaz de León Ballesteros.

El segundo error, prosiguió, es que “habilita la criminalización de eventos reproductivos, incluida la atención de emergencias obstétricas, que tengan por consecuencia la finalización anticipada del proceso de gestación después de las 13 semanas, sin tener por objeto la interrupción del embarazo”

El tercer error es que excluye de sanción penal a los abortos forzados en ciertas circunstancias, lo que deja en estado de vulnerabilidad a mujeres que sean forzadas a interrumpir el embarazo o que sufrieron un aborto como consecuencia de violencia física o sexual.

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Rocha Moya mencionó que tras haber analizado la reforma a distintas leyes locales, se respetará la posición de las y los legisladores sinaloenses, los cuales podrá reabrir la discusión para hacer más cambios si desde el Congreso se ve necesario.

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