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El “Puro Sinaloa” costó caro a concesionarios del transporte público

Las financiadoras han recurrido al embargo de unidades por falta de pago desde los transportistas que no pueden liquidar los intereses moratorios

En Sinaloa hay al menos 400 camiones de transporte urbano que cargan con deudas millonarias por contratos poco o nada flexibles, los cuales se compraron en un programa denominado ”Puro Sinaloa”.

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Ese programa fue uno de los de mayor impulso de la administración de Quirino Ordaz Coppel, pues puso el logotipo y el eslogan de su gobierno en las calles sin pagar más que el enganche de las unidades.

“Hay un impacto muy fuerte que les ocasionó a los transportistas la pandemia y estos 400 transportes, que irresponsablemente con aras de ponerle el Puro Sinaloa hizo el gobierno anterior, que creo que es muy irresponsable, muy lamentable que se haya hipotecado el propio patrimonio familiar de los transportistas, pero además que nos ha generado un desorden porque finalmente son ellos los transportistas los que tienen que habilitarse para poder dar el servicio”, señaló el gobernador Rubén Rocha Moya.

El gobierno de Sinaloa exigió la renovación de flotilla de camiones por estar obsoletos, pero los dueños de las máquinas se resistieron, con el argumento de no contar con un capital económico suficiente. Eso pasó en 2017, cuando también se ponía en la mesa la posible construcción de un Sistema Integral de Transporte, popularmente llamado Metrobús.

Para llevarlo a cabo se hizo una negociación política desde gobierno del Estado, encabezada por Quirino Ordaz Coppel. Se ofreció a pagar el enganche de cada una de las unidades y así evitó movimientos de transportistas y, de paso, logró mantenerlos de su lado.

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Fueron 200 mil pesos por cada unidad y el único costo que debían cargar era el de tener sus camiones rotulados con el logotipo “Puro Sinaloa”.

Pero la pandemia de Covid-19 hizo que toda esa estrategia política se derrumbara.

Los concesionarios comenzaron generar deudas a causa de intereses moratorios con financiadoras que, a la fecha, siguen sin poder pagar, por lo que se les ha embargado unidades.

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