La Comisión de Búsqueda tiene equipo para espionaje | Quirino lo autorizó y Rocha lo pagó

El espionaje en México desde los gobiernos no es un secreto, pero desde 2010 ese tema alcanzó niveles de escándalo. En Sinaloa no es la excepción.

Hay empresas que se hicieron conocidas como Pegasus tras invadir las comunicaciones de políticos, empresarios, activistas y periodistas, pero no es la única firma dedicada a crear mecanismos de “inteligencia” o “contrainteligencia”, hay otras como Cellebrite que operan en el País.

“Es una empresa que nos preocupa por su forma de invadir teléfonos o tablets”, indicó Luis Fernando García, director de la organización R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, en entrevista.

Esa empresa vende equipo que, de caer en manos equivocadas, puede provocar un riesgo. Por ley, solo las fiscalías están facultadas para utilizarlo, aunque aquí, en Sinaloa, eso se pasó por alto.

El 17 de enero de 2022, el Secretario de Gobierno en Sinaloa, Enrique Inzunza Cázarez, anunció: 44 personas que se dedicaron a espiar fueron despedidos. 

“En un análisis y en un diagnóstico de la plantilla del personal, y como es natural se tuvo que hacer una revisión para que el personal que estaba a cargo de esas funciones ya no estuviera”, señaló el Secretario este 17 de enero del 2022 en conferencia de prensa.

Lo que no dijo es que dentro de su dependencia recién se había hecho la compra de equipo delicado, un “Laboratorio Móvil” con un programa especializado de la empresa Cellebrite.

La compra se hizo desde la Comisión Estatal de Búsqueda de personas desaparecidas en Sinaloa, una oficina que se creó en 2019, con recursos de un subsidio federal de la Secretaría de Gobernación (Segob).

“Acá nos levanta sospecha y posible preocupación, porque su legalidad dependerá de su utilización, en el sentido de que usar ese software con un aparato como un teléfono es legalmente una intervención de comunicaciones privadas y requiere una autorización judicial y requiere facultades legales para llevarlo a cabo”, señaló García.

Esta investigación de Revista ESPEJO, hecha con solicitudes de información, entrevistas y cuestionarios a ex funcionarios, revela que desde la Comisión Estatal de Búsqueda se hizo la compra de un equipo técnico para la intervención de equipos electrónicos, como teléfonos celulares y tabletas electrónicas.

Es un software invasivo, que sirve para hacer copia de toda la información de los equipos, incluyendo contraseñas, fotografías, videos, contactos, datos borrados, aplicaciones y conversaciones en cuestión de segundos.

El “Laboratorio digital”, como fue nombrado, usa el programa UFED, creado por la empresa israelí Cellebrite como una herramienta de trabajo forense. En México es utilizado de manera constante por fiscalías.

Los investigadores del Ministerio Público lo consideran como, quizás, la herramienta más importante para resolver crímenes. Con esta escuchan audios, revisan fotografías y videos privados, leen conversaciones y descifran las últimas ubicaciones de víctimas o criminales, todo “abriendo” sus equipos celulares.

De esa forma, los teléfonos celulares se convirtieron en objetos principales en las escenas de crímenes. Ahí se guarda prácticamente todo.

“Es una herramienta tecnológica forense muy delicada, no cualquier persona lo puede utilizar porque se puede malinterpretar para muchas cosas, puede ser utilizada para muchos fines”, aseguró una especialista forense en entrevista otorgada por la Fiscalía General del Estado.

En este país, solo las fiscalías y empresas certificadas para investigación forense pueden usarlo. Incluso, los ministerios públicos pueden trabajar con el programa UFED siempre y cuando tengan autorización de un juez federal o la víctima haya firmado documentos donde cede sus derechos para revelar sus secretos.

Si la persona, organizaciones o dependencias lo usan sin cumplir con esos parámetros, entonces caería en un posible delito: espionaje

***

La Comisión Estatal de Búsqueda surgió en 2019. Fue una petición que hicieron los familiares de personas desaparecidas en Sinaloa para poder tener un acompañamiento oficial en búsquedas en campo.

El trabajo de esta dependencia no solo consta en estar presentes en rastreos de lugares para encontrar fosas clandestinas, sino que debe estudiar el fenómeno y planear estrategias para tratar de evitar más de estos crímenes.

Para ese trabajo se designó en 2019 a Juan Carlos Saavedra Ortega, un hombre que, a la fecha, sigue en búsqueda de su hermano José Antonio, un policía municipal de Culiacán que fue desaparecido a los ojos de vecinos por un grupo armado en enero de 2017.

Limitado, con una oficina que creció conforme obtuvo subsidios federales para comprar vehículos, contratar a personas y equipo técnico, comenzó a crear una Comisión con cada vez más forma para tratar de localizar a personas.

Fue hasta 2020 cuando obtuvo un subsidio federal por 14 millones 400 mil pesos, el cual se gastó casi en su totalidad. En el 2021, cuando se hizo la compra del software, se tuvo un subsidio por 12 millones de pesos, pero solo se gastó 5 millones 361 mil 653 pesos.

La oficina de Saavedra Ortega debía buscar sin más, aunque antes de formar un plan de búsqueda -como lo establece la ley- decidió comprar equipos para tratar de localizar a personas con tecnología.

El primer intento lo hizo en 2020, cuando compró un equipo por un millón 113 mil 600 pesos para hacer seguimiento de teléfonos celulares.

“Sirve para poder localizar, sobre todo con vida, a una persona con reporte de desaparición. No te escucha, no te interviene una llamada, sino lo que hace es localizar mediante el GPS el chip telefónico, por eso se llama de geolocalización”, explicó una agente de investigación de la Fiscalía General de Sinaloa para esta investigación. Por solicitud del organismo, el nombre de la agente no podrá ser revelado para su seguridad.

Con ese equipo tuvo la posibilidad de hacer búsquedas cruzando datos de las antenas repetidoras de señal telefónica. Es un programa común para las fiscalías cuando tratan de localizar a víctimas o criminales, pero este no tiene mayor restricción.

La búsqueda de personas desaparecidas es una de las prioridades del gobierno federal y, ahora, del gobierno local.

Sinaloa es uno de los cinco estados con el mayor registro de personas desaparecidas. Solo en el año 2021 hubo 1,003 casos. A nivel histórico se cuentan alrededor de 11 mil, de los cuales 5,379 siguen como no localizados.

“Hago mío el dolor de ustedes, yo no hago demagogia con este tema, yo soy buscador de la época de los desaparecidos políticos de los 70. Me ha tocado formar una comisión de derechos humanos, he venido a escucharles, me interesa hablar con ustedes, no quiero intermediarios”, dijo el gobernador Rubén Rocha Moya el 1 de noviembre de 2021 (primer día de su gobierno), en una reunión con personas de 22 colectivos de búsqueda en Sinaloa.

Conforme la Comisión local de Búsqueda se hizo de mayores recursos por subsidios federales, se hicieron más y más compras.

Hubo equipo técnico, entre ese se compró botas especiales, trajes para buceo, tractores, camionetas, camiones, cuerdas, palas, picos, escobas especiales y más material. Pero en la Comisión se adquirió también equipo tecnológico, incluso del denominado de “inteligencia”.

***

El gobierno de Sinaloa compró un equipo que puede usarse para espionaje. Es una herramienta llamada “Laboratorio Móvil”, cuyas características son específicas.

“Hace copia de ese contenido y lo organiza para que se puedan analizar”, señaló Luis Fernando García, director de la organización R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales.

“Acá nos levanta sospecha y posible preocupación, porque su legalidad dependerá de su utilización, en el sentido de que usar ese software con un aparato como un teléfono es legalmente una intervención de comunicaciones privadas y requiere una autorización judicial y requiere facultades legales para llevarlo a cabo. La Comisión Estatal de Búsqueda no cuenta con facultades para intervenir comunicaciones, sería inconstitucional”.

En el transcurso del 2021 la Comisión Estatal de Búsqueda solicitó a la Secretaría de Gobernación un recurso para comprar equipo técnico para hacer búsquedas. En ese paquete de solicitudes hubo desde vehículos, un avión no tripulado, palas, trajes para buceo y un software para intervenir teléfonos y más equipos móviles.

Fue un paquete grande que se aprobó en un año donde no se gastó todo el presupuesto posible. Para ese año se tenía un fondo por 12 millones de pesos.

La Secretaría de Gobernación aprobó el proyecto de compra para dar el subsidio federal y de inmediato se pasó a la Secretaría General de Gobierno y la Secretaría de Administración y Finanzas de Sinaloa. Estas dos dependencias abrieron una licitación pública en octubre del 2021, cuando Quirino Ordaz Coppel aún era gobernador de Sinaloa.

Hubo por lo menos 20 empresas interesadas, pero poco a poco se fueron depurando según el tipo de giro que representaban.

En el caso del software, la empresa elegida fue una que lleva por nombre “Media Street, S.A. de C.V.”, del empresario especializado en consultoría Raúl Sajid López Vega. 

El empresario tiene su oficina en una casa particular de Culiacán ubicada en la colonia Miguel Hidalgo, donde también despacha otras empresas dentro de un grupo empresarial llamado “Grupo Vegas”.

Ha sido proveedor del gobierno de Sinaloa desde 2019, así como de otros gobiernos, entre ellos el de Chihuahua que le compró equipo de cómputo.

Al de Sinaloa le vendió este software de intervención telefónica por un monto de 383 mil 800 pesos, una cantidad mínima, que para especialistas podría significar también una posible irregularidad, como que el proveedor esté compartiendo una parte de su licencia.

“Es un software forense, un equipo forense, uno de los más importantes porque nos ha ayudado a esclarecer o vincular a presuntos responsables en un delito”, explicó la agente de investigación de la Fiscalía General de Sinaloa.

“(…) El equipo celular es algo que no podemos vivir sin ellos, pero también es una herramienta que nos sirve a nosotros como Fiscalía para poder dar con un presunto responsable o con una víctima”.

La forma en que la Fiscalía General utiliza el programa UFED es luego de haber encontrado un equipo celular en una escena de crimen.

“Es bajo, únicamente, de la autorización del juez federal, en este caso nosotros necesitamos una orden de un juez federal donde nos autorice intervenir el teléfono”, agregó.

No cualquier persona puede usarlo, se necesitan horas de capacitación y un certificado que emite la empresa israelí Cellebrite.

“No estamos autorizados para manipular un equipo telefónico, no que lo tomes superficialmente, sino que puedas entrar a él. Eso solo se puede hacer también con una autorización, por ejemplo, que tú como víctima me autorizas que se le haga una pericial forense a ese teléfono”, señaló la agente de investigación de la Fiscalía General del Estado.

“Si la persona (que es dueña del equipo móvil) ya murió, necesitas la orden de juez que te autorice que ese teléfono pueda ser intervenido, justificando en todo momento para qué lo vas a realizar y quién lo va a realizar”.

El Laboratorio Móvil contiene el programa UFED, el cual, para funcionar, necesita primero tener un teléfono celular o una tableta electrónica al que se desee hacer una copia.

Luego, deberá conectarse al laboratorio móvil, en este caso es una computadora propiedad de la Secretaría General de Gobierno en Sinaloa.

Es decir, una persona con conocimiento para el uso del programa podría pedir teléfonos o tabletas electrónicas y mientras las personas los dejan en un posible resguardo, quien posea el laboratorio podría realizar copias completas de los dispositivos.

“La clave es cómo se utiliza este aparato, si se utiliza para analizar teléfonos sin el consentimiento de los titulares de estos teléfonos, eso es una intervención de comunicaciones ilegal”, indicó el director de la organización R3D.

“Si tienen el permiso del familiar de la persona desaparecida, eso podría tener otro tratamiento jurídico, pero de entrada levanta sospecha de que este aparato pueda estar siendo utilizado por una agencia que no tiene facultades para intervenir comunicaciones eso es problemático y si lo está haciendo sin orden judicial es mucho peor. No queda claro para qué lo quieren y para qué lo usan”.

El software se compró con la justificante de que podría servir para la búsqueda de personas desaparecidas, como parte del Protocolo Homologado de Búsqueda, pero en este no hay un solo apartado donde dé facultades a las comisiones locales para intervenir teléfonos como método de investigación.

En cambio, ese trabajo, según se estableció artículo 16 de la Constitución Política de México, corresponde únicamente a las fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República.

De acuerdo con la agente especialista de la Fiscalía General de Sinaloa, usar el programa UFED sin los permisos necesarios, en este caso de jueces federales, y fuera de las labores del Ministerio Público, podría recaer en un delito penado hasta con 20 años de cárcel.

“No sabría decirte la justificación que ellos dieron para comprar”.

– La justificación que ellos dan es lo que les faculta el Protocolo Homologado de Búsqueda, que es buscar a personas desaparecidas

“Pero en sí, este software no está muy enfocado para buscar a una persona desaparecida, está más enfocado a resolver crímenes o a encontrar testigos o a encontrar a una víctima con los presuntos responsables… facultades del Ministerio Público”

– ¿Si ellos llegaron a utilizarlo, podrían estar incurriendo en alguna falta?

“Podría ser. Se tendría que ver cómo se justificó la compra y para usarlo tiene que ser una persona capacitada… es para usarlo legalmente”.

“(…) Yo pienso, desde mi punto de vista, que es una herramienta tecnológica forense muy delicada, no cualquier persona lo puede utilizar porque se puede malinterpretar para muchas cosas, puede ser utilizada para muchos fines, tendría que tener un monitoreo adecuado, un área específica como un laboratorio forense o un área segura, donde no haya más personas con acceso a, porque es una herramienta que de algún modo te extrae información”.

El programa se aprobó y solicitó en la administración de Quirino Ordaz Coppel, cuando Gonzalo Gómez Flores era Secretario General de Gobierno. De este último dependía la Comisión Estatal de Búsqueda.

Sin embargo, la compra se terminó por liquidar en diciembre de 2021, ya en la administración de Rubén Rocha Moya como gobernador y Enrique Inzunza Cázarez como Secretario General de Gobierno.

En las facturas, obtenidas con solicitudes de información, se puede leer que el pago se hizo el 3 de diciembre de 2021 en una sola exhibición.

***

Casi dos meses después de haberse comprado el Laboratorio Móvil, el comisionado Juan Carlos Saavedra Ortega renunció. Fue el 20 de enero de 2022, en un proceso del que solo se conoció que había sido “por motivos personales”.

La Secretaría General de Gobierno abrió una convocatoria, con la que se designó al abogado Víctor Manuel Pérez López.

Para esta investigación se solicitó a la Comisión Estatal de Búsqueda una entrevista para conocer la postura de la dependencia sobre la compra y si estaba siendo usado, pero la respuesta fue que tras 40 días de haberse instalado, aún se seguía en un proceso de entrega recepción.

También se pidió a Saavedra Ortega su postura sobre la compra. El ex comisionado respondió un cuestionario por escrito, el cual se reproduce a continuación:

Hasta el cierre de esta investigación no se conoce si entre diciembre de 2021 y marzo de 2022 se usó el software; sólo que una persona que ya no labora en la Comisión Estatal de Búsqueda está capacitado para usarlo.