Economía

El gobierno quiere que se haga consulta para planta de amoniaco en Topolobampo

Este 6 de abril se decidirá en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación si los permisos de Semarnat son avalados o no

Javier Gaxiola Coppel, secretario de Economía en Sinaloa, marcó la postura del gobierno estatal sobre la planta de amoniaco que busca construirse en Topolobampo:

“Queremos la planta y queremos que se haga con consulta indígena”.

El funcionario es uno de los enlaces más cercanos del gobierno con la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), una subsidiaria de la firma alemana Proman, la cual busca instalarse en la región del noroeste de México para producir 2,200 toneladas diarias de amoniaco y urea, dos químicos importantes para la agricultura tradicional.

“Nos toca al gobierno del Estado ser responsables, guiar con los inversionistas para que cumplan con todo, ¿cuándo fue que les dieron esos permisos?, no sé en qué año ni cuando fue. Yo lo que le dije a GPO es que sí vamos a apoyarlos cumpliendo todo”, dijo Gaxiola Coppel.

“Si en algún gobierno pasado les dijeron ‘no importa que no cumplas’, eso no es tema mío. Yo ahorita estoy viendo lo que existe, los potenciales de inversión y nos estamos asegurando de que sí cumplan“.

Entre 2013 y 2014 la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) dio permisos a la firma alemana pese a que la instalación sería en la bahía de Ohuira, un área natural protegida por tratados internacionales desde 2009.

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Las comunidades de Lázaro Cárdenas, Ohuira y Paredones promovieron amparos con jueces federales entre 2018 y 2019. Esos recursos legales frenaron de manera momentánea la construcción, aunque en ese momento ya habían deshecho 24 hectáreas de mangle y con ello el hábitat de aves, peces y otras especias como camarón.

En esos pueblos habitan comunidades indígenas de la Nación Mayo-Yoreme, cuya creencia se basa en el respeto a la tierra y el agua.

Las comunidades se quejaron ante los jueces federales por la falta de una consulta indígena y la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el caso. El proyecto está a cargo del ministro Alberto Pérez Dayán, y este va por tumbar todos los permisos y abrir de nuevo el proceso para que se haga una consulta y tomar en cuenta a la Nación Mayo-Yoreme.

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El gobierno de Sinaloa, dijo el secretario de Economía, está a favor de que suceda la cancelación de los permisos y se reinicie el proceso, al asegurar que eso dará pie a poder tener nuevas inversiones con una perspectiva positiva hacia la inversión.

“Es muy importante que GPO cumpla con todos los requerimientos y si dice la Corte que se tienen que hacer una consulta indígena, entonces se tiene que hacer una consulta indígena, tienen que cumplir con todos esos puntos para poder invertir”, señaló con Gaxiola Coppel.

De acuerdo con la Secretaría de Economía, hay empresas extranjeras y nacionales a la expectativa de la resolución de la Corte y lo que suceda después de esta para conocer si el norte de Sinaloa, específicamente la región de Topolobampo es un polo positivo de inversiones.

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