Corrupción

Denuncian a Patricio Caso y Mikel Arriola por presunto conflicto de interés

La organización El Poder del Consumidor inició una querella ante la SFP por que los ex funcionarios priorizaron los intereses de Coca Cola frente a la salud de los mexicanos

La organización civil El Poder del Consumidor presentó denuncias ante la Secretaría de la Función Pública en contra de Mikel Arriola, Patricio Caso y Álvaro Pérez Vega, entre otros, por presunto conflicto de interés debido a las comunicaciones que tuvieron, entre 2013 y 2016 con directivos de la empresa Coca-Cola, tal como se dio a conocer en el reportaje Las Fichas de Coca Cola.

“Todo revela que funcionarios públicos estuvieron al servicio de esa empresa en contra de la salud pública de los mexicanos, donde México vive un grave problema de sobrepeso, obesidad y diabetes y dónde las bebidas azucaradas representan el 70% del consumo de azúcares añadidos en la dieta de los mexicanos” señaló Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor (EPC).

En las misivas se acuerdan reuniones para diseñar el antiguo etiquetado de alimentos (GDA), que fue criticado por organizaciones de la sociedad civil, la academia y la Organización Mundial de la Salud, entre otros.

Algunos correos entre funcionarios de Coca Cola y Cofepris cuyo asunto era “amparo vs NOM 051” es decir, la Norma Oficial Mexicana que establece las especificaciones del etiquetado muestran una colaboración de ambos entes para “una defensa en conjunto contra los amparos que se habían sido presentados, en 2014 y 2015, por EPC y otras organizaciones de la sociedad civil, contra la autoridad y la empresa”, señaló la organización.

Calvillo recordó que desde 2011, la industria de alimentos y bebidas comenzó a usar el GDA de manera voluntaria, la primera empresa en hacerlo fue Coca-Cola. “Este etiquetado tenía un criterio de 90 gramos de consumo al día de azúcar, la recomendación de la Organización Mundial de Salud era 50 gramos”.

En 2014 mediante un proceso “en el que se excluyó a sectores de la sociedad civil, la academia y los organismos internacionales Cofepris al mando de Mikel Arriola volvió obligatorio el uso de este etiquetado”, señaló la organización. POPLab solicitó a la dependencia el expediente del proceso de diseño del etiquetado, pero se informó que éste no existe.

A pesar de los señalamientos de la OMS al etiquetado en el sexenio de Enrique Peña Nieto, Cofepris aseguró que esta herramienta contaba con los criterios de la agencia de la ONU. Javier Zúñiga coordinador del área jurídica de El Poder del Consumidor, observa que “mientras Cofepris sostenía que este etiquetado fue formulado con rigor científico, en defensa de la población mexicana, por detrás se encontraban los correos entre funcionarios de Cofepris y Coca-Cola diseñando esta política”.

El Poder del Consumidor, junto con otras asociaciones civiles, interpusieron demandas de amparo en contra de Cofepris, llamando al juicio a Coca-Cola y sus subsidiarias, como Jugos del Valle, como terceras interesadas.

Según información obtenida por transparencia, uno de los diseñadores del etiquetado fue el abogado Patricio Caso que en ese momento era asesor jurídico de Cofepris y hoy trabaja para Coca Cola, como Senior Director of Government Affairs. El ex funcionario negó a POPLab haber participado en su diseño pues “fue publicado en el DOF el día 14 de agosto de 2014. En esa fecha yo no residía en México, por el contrario, yo viví desde el mes de junio de 2014 y hasta el mes de agosto de 2015 en la ciudad de Boston, EUA, siendo estudiante de tiempo completo en la Maestría de Administración Pública de la Universidad de Harvard. En este sentido, durante dicho periodo no ocupé cargo alguno ni sostuve relación alguna con COFEPRIS, por lo que el señalar una supuesta incidencia cae por su propio peso”.

“A la par y derivado de dichos juicios de amparo, en 2020 se inició un proceso legal en los Estados Unidos llamado Foreign Legal Assistance (FLA), en el cual se puede obtener información de empresas estadounidenses que sean relevantes para un juicio en el extranjero. Así, un Juez en Atlanta de los Estados Unidos resolvió a favor esta petición y, mediante negociaciones con abogados de la empresa Coca-Cola Company, se obtuvieron diversos documentos, entre los cuales se encontraban comunicaciones que habían tenido altos miembros de Cofepris con directivos de la empresa”, informaron.

“En el entendido de que estos funcionarios son responsables de la información que generaron mientras estuvieron en Cofepris y que pudieron haber borrado estos correos se presentaron las denuncias ante la Secretaría de Función Pública denunciando el conflicto de interés que se dio entre los años 2013 y 2014 y 2016-2017 principalmente porque los correos sí exhiben un beneficio: primero una falta de imparcialidad de los funcionarios y una atención al interés particular de la empresa Coca-Cola frente al interés de la institución que era el interés de salud pública y segundo por el ocultamiento o presunto ocultamiento de la información puesto que estos correos ya no se encuentran dentro de la base de datos de Cofepris y tiene una obligación de mantener esa esas comunicaciones por al menos 8 años”, dijo Zúñiga.

La organización también denunció a actuales funcionarios de Cofepris por no haber entregado la información solicitada y por no haber cumplido con las resoluciones del Instituto Nacional de Acceso a la Información, en las que se les ordenó buscar y entregar información sobre estas comunicaciones de Coca- Cola y los exfuncionarios.

La información que fue otorgada dejaba algunas lagunas por lo que se buscó más documentos sobre los correos mediante solicitudes de acceso a la información, pero la autoridad dijo que era inexistente. También se informó que, por política de correo interna, cada funcionario era responsable del uso de su información contenida en cuentas institucionales. POPLab pidió además conocer las reuniones que había tenido Patricio Caso con los funcionarios de Coca Cola, así como sus correos y la respuesta de la institución fue que no era obligación guardar esa información.

“Se presume que la información solicitada pudo haber sido destruida por los propios funcionarios involucrados en las comunicaciones”, señaló Alejandro Calvillo, quien espera que, tras doce años de litigios, las actuales autoridades actúen en este caso.

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