Política

Todos fuera de la ley a favor de “que siga AMLO”; la anarquía ya ganó en Sinaloa y México

Prefirieron anteponer los intereses de partido por encima de la obligación de gobernar para todos, sin distinciones

FOTO: Leo Espinoza

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Se está escribiendo un capítulo negro de la democracia en México con el llamado “decretazo” creado por la bancada del Movimiento Regeneración Nacional en el Congreso de la Unión que permitía a servidores públicos promover la consulta de revocación de mandato, posteriormente el resolutivo corrector del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación en contra de tal disposición legislativa, y ahora el activismo político de los funcionarios morenistas que desobedecen la ley al realizar campaña abiertamente para que el presidente Andrés Manuel López Obrador siga en el cargo.

Sin calcular las derivaciones de sus actos, o mejor dicho confiados en que al tener el control de las instituciones poseen también la garantía de impunidad, las autoridades morenistas encabezadas por el mismo secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, le están indicando a la población en general que es posible atentar contra la norma jurídica sin pagar consecuencias por ello.

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Perdidas las proporciones de quienes se colocar fuera de la ley cuando su deber es respetarla y hacerla respetar, en Culiacán se realizó ayer la marcha y concentración asumida como cierre de la campaña de quienes abanderan el voto a favor de “que siga López Obrador” en el ejercicio revocatorio del domino 10 de abril. El evento fue encabezado por el gobernador Rubén Rocha Moya y el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, ambos militantes de Morena, así como diputados y otros servidores de ese partido.

En contra de la normatividad del INE que les prohíbe promover desde la función pública el refrendo de AMLO en la titularidad del Ejecutivo Federal, y del mandato del TEPJF en el mismo sentido, los que al asumir los cargos públicos juraron ante la Constitución apegarse a ésta y garantizar el respeto general a la carta magna, perdieron la noción de la investidura que ostentan por mandato popular y prefirieron anteponer los intereses de partido por encima de la obligación de gobernar para todos, sin distinciones.

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Desde cualquier justificación, enfoque o modificación a la medida del orden jurídico resulta inadmisible que sean los gobernantes y legisladores los que establezcan bases de anarquía para todo y por todos, como terrible añadido al clima de miedo e incertidumbre que prevalece en el país por la acción incontenida de la delincuencia y la corrupción organizadas.

De ninguna manera debió ocurrir que un proceso que bien pudo correr por vías de legalidad y libre participación ciudadana, acabe desembocando en la transgresión de la ley, que es la ruta más corta hacia el desgobierno.

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