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Planta de amoniaco: ocho años de errores y engaños que la Corte corrige

La experiencia que vive GPO demuestra que el cuidado del medio ambiente no es negociable por más que persistan los gobiernos en ofrecerlo como mercancía en gangas para atraer capitales

Imagen aérea de la planta de Gas y Petroquímica de Occidente SA de CV. Foto: Cortesía de Comunicación Social del Gobierno del Estado de Sinaloa.

Imagen aérea de la planta de Gas y Petroquímica de Occidente SA de CV. Foto: Cortesía de Comunicación Social del Gobierno del Estado de Sinaloa.

Proyectada con una serie de anomalías administrativas de origen inducidas y solapadas en 2014 por el gobierno de Mario López Valdez, era predecible que la Suprema Corte de Justicia de la Nación regresara el estado jurídico de la planta de amoniaco de Topolobampo al que guardaba hasta antes de que iniciara la construcción, para corregir la falta de la consulta a las comunidades indígenas cuyo entorno se ve afectado por esta industria detonante del desarrollo económico de Sinaloa.

Al confirmar el máximo tribunal el amparo a favor de la comunidad de Lázaro Cárdenas, en Topolobampo, contra los permisos otorgador por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, el revés lo sufre la empresa Gas y Petroquímica de Occidente que deberá definir si le dedica mayor tiempo a atender los lineamientos de la justicia y mantiene la inversión en Sinaloa por el orden de los 1,250 millones de dólares en una primera etapa.

La omisión de la consulta a las poblaciones Lázaro Cárdenas, Ohuira y Paredones es la nueva traba legal a un proyecto que ha ido de dificultad en dificultad debido a que fueron desatendidos requisitos de primer orden por parte de la autoridades, como es el caso de Semarnat que antes de otorgar los permisos a GPO debió tomar en cuenta a los habitantes de la zona, mismos que promovieron los amparos que les ratificó el Poder Judicial Federal.

Este caso al menos debe servir para que las instituciones públicas a cargo de promover el desarrollo económico hagan las cosas correctamente y eviten meter a inversionistas nacionales y extranjeros en aventuras burocráticas que, al ser previstas y canalizadas por las vías correctas, dan resultados satisfactorios.

Por lo pronto, la experiencia que vive GPO demuestra que el cuidado del medio ambiente no es negociable por más que persistan los gobiernos en ofrecerlo como mercancía en gangas para atraer capitales.

En esta historia que le puede dar mala fama a Sinaloa y ahuyentarle inversiones no tienen la culpa de los obstáculos los empresarios, ni las comunidades indígenas y mucho menos la SCJN. Debe ubicarse con suma precisión que el gobierno de Malova y sus cuates quisieron sacar raja política y económica del ambicioso proyecto de producción de amoniaco, engañando al grupo GPO por ofrecerle una ubicación libre de conflictos y lo que terminó dándoles es la interminable secuencia de barreras legales a las que la Corte le agrega el resolutivo de ayer.

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