Ciudadanía

Este es el largo camino ProVida para ir en contra del aborto

La asociación Vía Familia, que se opone al aborto legal, emprendió una lucha en los tribunales, la cual buscarán llevar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos

El pasado 08 de marzo del 2022, el Congreso del Estado de Sinaloa aprobó la interrupción legal del embarazo a las 13 semanas. Posteriormente, el gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya, le dio validez al indicar su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa.

Esto conllevó a que el grupo de personas que se oponen al aborto legal emprendieran una lucha en los tribunales, con un amparo indirecto que, saben, perderán, pero servirá para iniciar un camino jurídico hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“Sabemos y tenemos conocimiento que la vida parte de la concepción y esa es la base de la demanda. Vamos a buscar que se nos otorgue el amparo y protección de la justicia federal ante el Juez de Distrito y en su caso que no vamos a solicitar atracción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, explicó el abogado, Martín Sotomayor.

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El reclamo de la asociación Vía Familia deriva en que lo legislado el pasado 08 de marzo, por el Congreso del Estado, atenta contra el derecho humano a la vida desde su concepción y viola los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución General de la República y los Tratados Internacionales suscritos por México.

“El aborto no es un derecho humano. El aborto es un procedimiento que termina con la vida de un mexicano por nacer y que lastima a la mujer que lo practica”, dice el amparo.

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Esta herramienta es el inicio del largo camino que tienen los grupos autodenominados ProVida para lograr su cometido. Sin contar la solicitud que realizaron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos con el fin de que este organismo promueva una acción de inconstitucionalidad contra lo legislado por el Congreso del Estado de Sinaloa.

Martín Antonio Sotomayor, abogado de la asociación Vía Familia, explicó que, en caso de negarse este amparo, la intención es ir hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos y buscar cobijo con los tratados internacionales que ha firmado México y que protegen la vida. Dicho proceso legal podría tener una duración de un año en los procedimientos locales y otro año para llegar a los organismos internacionales

“Ante la segunda instancia nos vamos a ir ante las instituciones internacionales, a la Corte Interamericana de Costa Rica de Derechos Humanos, como es una corte vinculatoria que tiene efectos legales a México para que sea cumplida, o sea, ir a los organismos internacionales porque si el Estado Mexicano no hace justicia a favor de la vida, acudiremos a los organismos internacionales”, dijo.

Si se toma en cuenta los antecedentes de otros casos que han llegado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como el Campo Algodonero de la Ciudad Juárez (el cual tardó alrededor de 7 años en resolverse),  esta estimación se visualiza como muy irrealista.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Caso González y otras vs. México, conocido también como “Campo Algodonero”, marcó un antes y un después para el Estado mexicano al hablar del tema de violencia de género.

Fue el 6 de marzo del 2002 cuando se presentó la petición inicial del caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, después de que no se investigó ni sancionó a los responsables de la desaparición y homicidio de las mujeres Laura Berenice Ramos, Claudia Ivette González y Esmeralda Herrera Monreal. Hasta que, finalmente, el 16 de noviembre del 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió la sentencia.

Por lo tanto, la situación más favorable para la organización ProVida es, obviamente, ganar el amparo, así el Juez de Distrito brindaría instrucciones hacia los legisladores y el poder ejecutivo.

En dado caso de que se niegue, el abogado, Óscar Fidel González Mendívil explicó que, el colectivo puede pedir la revisión de la sentencia de amparo ante el Tribunal Colegiado de Circuito en Mazatlán. Sólo si se considera como un caso con repercusión nacional podrá ser retomado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Es decir, el siguiente paso a seguir es acudir ante el Tribunal Colegiado para impugnar la decisión tomada por el Juez de Distrito, con el fin de solicitar la invalidez de esa resolución manifestando razones que demuestren que es injusta o ilegal.

Si el Tribunal Colegiado considera que la revisión es improcedente, con ese fallo se habrían agotado las vías legales en el país, y la asociación ProVida tendría la posibilidad de acudir a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, el principal órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA) encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente.

Por lo tanto, de negarse también el amparo en el Tribunal Colegiado, la asociación podrá acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a exponer su caso. 

Tal como se hizo en el caso del “Campo Algodonero” de la Ciudad Juárez en 2002.

Esta Comisión deberá realizar una investigación para saber si admite el caso. Posteriormente, se hará una recomendación hacia el Estado, para que corrija la probable violación a los derechos humanos.

Si el Estado no da cumplimiento a esta recomendación, la Comisión puede pasar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica. Este es uno de los tres tribunales de protección de los derechos humanos y su objetivo es aplicar e interpretar la Convención Americana, donde se consagra el derecho a la vida.

“Esta demanda está fundada y motivada en términos de la Constitución General de la República, en el Artículo primero que establece los derechos humanos y los tratados internacionales que ha establecido México con las demás naciones y principalmente con la Organización de las Naciones Unidas y otras instituciones, en las cuales el derecho a la vida es el derecho fundamental, no puede existir otro derecho antes que el derecho a la vida”, explicó el abogado, Martín Sotomayor.

Como se ve, el camino hasta la Corte Interamericana no es tan sencillo ni fácil, por lo que el amparo solo es la primera parte para ir en contra de la interrupción legal del embarazo.

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