Por Elidet Soto

A lo largo de los últimos dos años, México vivió un retroceso en materia de transparencia. Un informe elaborado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) señala que, entre 2019 y 2021, el país tuvo una caída en el Índice de Gobierno Abierto.

El descenso fue de 0.52 a 0.48, en una escala en la que 0 representa a un gobierno sin apertura y 1 a uno totalmente transparente y abierto. El documento advierte que esta regresión rompe con una tendencia positiva, pues de 2017 a 2019 México había subido de 0.38 a 0.52.

Dentro de otros factores, el retroceso se debe a que, si bien algunos sujetos obligados a la normatividad en transparencia tuvieron mejoras, esto no fue uniforme. Por ejemplo, hay instancias que no responden sus medios de contacto y, en promedio, cuando alguna responde a solicitudes de información fuera del plazo legal, puede hacer que las y los solicitantes esperen hasta 63 días por la información requerida.

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Datos de la Tercera Edición de la Métrica de Gobierno Abierto, realizada por el CIDE a iniciativa del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), revelan además que la calidad de la información brindada no siempre es útil para el ciudadano.

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Tiempo y calidad

Según el informe, el tiempo de respuesta depende de cada ente consultado y, aunque la mayoría responde en tiempo, otros tardan de dos meses hasta un año entero.

“Las personas tienen experiencias muy distintas, y a veces, opuestas, en el ejercicio de su derecho de acceso a la información, según el sujeto obligado al que solicitan esta información: unas pueden nunca obtener respuesta u obtenerla tanto tiempo después que ya se olvidaron de haber realizado su solicitud, mientras que otras reciben respuestas de alta calidad en un tiempo corto”, se lee en el informe publicado este 18 de abril.

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Este no es el único problema, pues la ciudadanía también debe enfrentarse al tipo de respuesta que recibe. Por ejemplo, al hacer una revisión de 97 respuestas a solicitudes, se detectó que están repletas de lenguaje legal y técnico que no siempre es claro para el ciudadano. 

Otra práctica común de los entes obligados es llenar de oficios que contienen todas las comunicaciones internas por las que pasó la solicitud, sin explicar el contenido de las mismas ni su relación con las preguntas realizadas. 

“Uno de los grandes retos del sistema de transparencia es poner al centro a las y los ciudadanos. De igual forma, en la dimensión de participación, se encontraron procesos poco claros y que usualmente no llevaron a ninguna incidencia ciudadana significativa en el actuar gubernamental. Esto se debe a que muchos sujetos obligados aún no están acostumbrados a considerar a la ciudadanía como un actor que puede y debe participar en sus procedimientos”, dice el documento.

Aunque los sujetos obligados publican información que la ley les obliga a difundir, obtener información adicional como información estadística en formato de datos abiertos aún no es una realidad y es el gran pendiente en las entidades y el gobierno federal.

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Este contenido fue publicado originalmente por Animal Político. Léelo completo en el siguiente enlace:

https://www.animalpolitico.com/2022/04/retroceso-transparencia-caida-indice-gobierno-abierto/