Recientemente el grupo parlamentario del Partido Sinaloense en el Congreso del Estado propuso una ley para instaurar un marco jurídico respecto a la utilización de sistemas de videovigilancia en espacios públicos o privados, ya sea a instancia de las autoridades municipales o estatales, empresas de seguridad privada o particulares.
Se trata de la Ley que Regula la Videovigilancia en el Estado de Sinaloa, iniciativa que contempla la protección de diversos derechos humanos relacionados a los datos personales y a posibles malos usos de imágenes.
En ella, se pretende avanzar hacia una medida oportuna y precisa de la videovigilancia, regulando los aspectos que algunas veces han sido temas de debates, sobre derechos humanos y videovigilancia, especialmente los que se refiere a los límites físicos que deben cubrir las cámaras para respetar la intimidad y la privacidad de las personas.
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También aborda los límites que deben observar a su vez los particulares y las empresas al instalar videovigilancia; en concreto, garantizar los derechos que tienen las personas que son vigiladas por medio de estos sistemas y cuando son grabadas con fines de investigación, en especial, el derecho a ser notificados.
Pero el proyecto, sobre todo, tiene la finalidad de contribuir de manera más significativa a la prevención, así como a la investigación y resolución de delitos, desde robos simples, robos con violencia, hasta homicidios y secuestros, delitos sexuales.
“Es verdadero que como elemento de disuasión el impacto es un tema controversial, pero aún los expertos concuerdan en que tener instaladas una cámara de vigilancia siempre hace que el potencial infractor piense dos veces en sus planes”, se lee en el documento de la iniciativa.
El proyecto también regularía la tecnología de reconocimiento facial o biométrico en las empresas y en las instituciones públicas, destacando que solo mediante un mecanismo que garantice su uso con estricto respecto a los derechos humanos y con la absoluta garantía de que no será usada con fines corruptos.
“Se debe de garantizar que la persona videograbada con este tipo de tecnología goce de todos los derechos necesarios para defenderse ante una imputación basada en un reconocimiento facial”, se especifica.
Lo anterior porque actualmente se presentan deficiencias o ausencia de rubros como los derechos humanos de los particulares con respecto a la videovigilancia y en relación con el reconocimiento facial.
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Dentro de la exposición de motivos de la propuesta de los legisladores del Partido Sinaloense, se establece que la reacción o respuesta rápida a las manifestaciones de violencia y delincuencia no constituyen el centro de la gestión, sino que ésta debe ser la acción coordinada entre sociedad e instituciones de seguridad pública, con base en la información existente.
Esta regulación, de acuerdo a la propuesta del PAS, daría forma a leyes que inhiban, combatan y sancionen la comisión de delitos y eviten al mismo tiempo la ruptura de la tranquilidad y la paz social.
“El Partido Sinaloense presenta esta iniciativa la cual plantea la debida regulación, administración y sobre todo, apegada a derecho del empleo de dispositivos electrónicos que cuenten con cámaras fijas o móviles que registren imágenes con o sin sonido y almacenen en cualquier medio tecnológico análogo, digital, óptico, para ser aplicados a la función de la seguridad pública”, argumentan.
Si deseas leer a detalle la iniciativa de Ley que Regula la Videovigilancia en el Estado de Sinaloa, te compartimos el documento:
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