Gobierno

Sin acusación firme, Congreso quiere llevar a Estrada a juicio político

El Alcalde de Culiacán puede buscar ampararse para tratar de demostrar que tenía razón

El Congreso de Sinaloa quiere llevar al Alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, a un juicio político, pero no tiene una acusación firme.

En una “sesión secreta” del Pleno se presentaron tres posibles acusaciones que pondrían a Estrada Ferreiro en el banquillo:

  • La falta de cumplimiento a tres recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos
  • El rechazo a la aplicación de descuentos de 50 por ciento a personas adultas mayores y discapacitadas por los ayuntamientos como se fijó en enero de 2022
  • El rechazo a la reforma a la Ley de de Seguridad Pública sobre la homologación al sistema de pensiones en julio de 2021

En la Cámara se estableció que hay oportunidad de llevar al Alcalde de Culiacán a un juicio, así lo consideraron al menos 32 legisladores y legisladoras que votaron a favor de iniciar el proceso. Las negativas corrieron por diputadas y diputados del Partido Sinaloense y Morena.

Lee también: Buscan sentar precedente | Congreso inicia juicio político a Estrada Ferreiro

Con este inicio de proceso debe abrirse una investigación y recopilación de información por la Comisión Instructora, pues esta es la que debe formular la acusación específica, pero cuenta con tres problemas importantes.

El primero es el dictamen final de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. El Congreso dictó 60 días para que las tres recomendaciones se respondieran y así sucedió, aunque todavía no se conoce si se cumplió o no a lo dictado y solicitado por el organismo autónomo.

La Cámara solicitó una comparecencia del presidente de la CEDH, para que dé a conocer la postura oficial.

Sin embargo, Estrada Ferreiro aseguró que ya cumplió las recomendaciones, por lo que una vía de defensa sería la solicitud de un amparo.

El segundo es que el Ayuntamiento recurrió a una controversia constitucional, es decir, un recurso legal para alegar invasión de facultades de un ente público sobre otro, en este caso del Congreso sobre el Ayuntamiento de Culiacán por haber legislado en torno a la aplicación de descuentos a todas las personas adultas mayores sin tomar en cuenta a la administración municipal.

El alcalde recurrió a la controversia para denunciar a la Cámara por haber invadido funciones del Ayuntamiento, al asegurar que realizar esos descuentos a toda la población afectaría a la administración de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado.

La razón, explicó el Ayuntamiento posteriormente, es que ya hay una aplicación de descuento, pero solamente a personas que no cuentan con recursos económicos para poder cubrir pagos grandes, no así sobre personas que cuentan con solvencia económica estable y suficiente.

La Corte no ha decidido sobre esa controversia, pero ya aceptó revisarla como sucedió en otra ocasión por haberse legislado sobre el presupuesto municipal haciendo cambios a la aprobación del Cabildo de Culiacán. En esa ocasión el Ayuntamiento ganó y ahora se espera que vuelva a suceder. Por ese motivo, el Alcalde podría solicitar un amparo, por la falta de resolución de la SCJN y así saber si tenía o no la razón.

El tercero de los problemas es que ocurre una situación similar sobre la reforma a la Ley de Seguridad Pública para la homologación de pensiones.

Esa reforma se hizo tras una lucha social que encabezaron colectivos de mujeres viudas de policías y sus hijas e hijos, quienes exigieron tener una homologación en las pensiones tras ver que la ley solo contemplaba el que recibieran lo establecido el día que murieron sus esposos y padres.

El Congreso legisló sin tomar en cuenta a los ayuntamientos o al gobierno del Estado considerándolo una lucha reconocida. Sin embargo, la afectación a la administración municipal sería mayor, según explicó el Ayuntamiento de Culiacán.

La implicación sería un golpe financiero que tendría efectos sobre otros programas municipales.

LEE TAMBIÉN: LOS TRES PECADOS DE ESTRADA FERREIRO, SEGÚN ROCHA MOYA

El Alcalde promovió una acción de inconstitucionalidad, que en términos prácticos es un mecanismo para que la Corte revise si lo que hizo el Congreso no contravino con la Constitución al violar la autonomía de los ayuntamientos.

La SCJN aceptó la revisión a la acción y aún no tiene una resolución, por ello se podría solicitar otro amparo.

¿Qué hizo el Congreso?

El Pleno del Congreso sesionó de manera secreta porque no tenía una acusación formal, solo una serie de señalamientos y ahí se decidió iniciar un proceso de juicio político.

Ahora la Comisión Instructora debe reunir pruebas, entre ellas el dictamen de la CEDH, el que el Ayuntamiento no haya dado descuentos y que no haya homologado pensiones.

Tras reunir todas las pruebas deberá hacer un expediente y presentarlo para que la Cámara se convierta en un jurado acusador y llevarlo al Supremo Tribunal de Justicia, que se convertirá en un jurado de juicio.

Estrada Ferreiro puede recurrir a tribunales federales para ampararse y por lo tanto este juicio político se alargará.

En los juicios de amparo puede demostrar -o no- que cumplió con las recomendaciones de la CEDH, así como obtener el tiempo suficiente para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dé a conocer si tenía o no razón.

COBERTURA ESPECIAL | ESTRADA FERREIRO A JUICIO POLÍTICO

Comentarios

Reflexiones

Ver todas

Especiales

Ver todas

    Reporte Espejo