Gobierno

Rocha pide acelerar aprobación de Ley de Protección a Periodistas a diputados federales

En el Congreso aún aguardan cuatro iniciativas de ley para crear mecanismos de protección a periodistas y defensores de derechos humanos

El gobierno de Sinaloa solicitará al Congreso local apurar la discusión y aprobación de una Ley de protección a periodistas y defensores de derechos humanos.

En su conferencia semanera dio a conocer que la Cámara, aunque cuenta con cuatro iniciativas, está a la espera de que la Federación envíe una iniciativa del Ley General a la Cámara de diputados federales y luego de aprobarse tratar de homologarla en el Estado.

Sin embargo, tras el asesinato del periodista Luis Enrique Ramírez, el gobierno de Sinaloa buscará apurar la ley local para después realizar la homologación.

“Esta trae mejores condiciones para proteger de manera general en todos los gobiernos, no solo gobierno del Estado, entonces por eso se está esperando a que camine la Ley General, es Ley General no ley federal que nos implicaría a todos, por eso se han detenido a hacer la ley local”, dijo Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa.

“Ese tema lo vamos a tratar, el viernes voy a ver al coordinador de los diputados de Morena, le voy a pedir en particular que nos hagan el favor de acelerar la ley, de que se meta a discusión y que se resuelva”.

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Rocha Moya señaló que la Fiscalía General cuenta con avances importantes en la investigación del asesinato de Luis Enrique Ramírez, pero no dio mayor detalle, solo que este caso es un motivo para acelerar la ley local para protección a periodistas, como se ha solicitado por organizaciones civiles y periodistas de Sinaloa.

Ante la alta impunidad que existe en los asesinatos de periodistas en México, exigimos a las autoridades no descartar la labor periodística como una de las líneas prioritarias de investigación en este caso y realizar un proceso transparente de cara a la sociedad sinaloense y a los familiares de la víctima, para llegar a la verdad de estos hechos”, se lee en una carta pública firmada por periodistas, activistas y organizaciones civiles en Sinaloa tras el asesinato de Ramírez.

(…) El reprobable crimen de nuestro compañero se produce justo cuando la iniciativa de Ley de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos se mantiene en la congeladora legislativa desde hace casi 3 años, a pesar de los constantes reclamos del gremio periodístico y de los activistas del estado al Congreso de Sinaloa”, prosigue el pronunciamiento.

La discusión sobre una Ley General de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos la sostiene la Secretaría de Gobernación, que ha creado foros regionales para tratar de discutir propuestas que se integren en la reforma legislativa, entre ellas la descentralización de la atención a los crímenes.

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Otra propuesta es fortalecer los mecanismos estatales, lo que ha provocado un retraso en la discusión de entidades como Sinaloa, donde no hay una ley para proteger periodistas y defensores, solo iniciativas que esperan desde el asesinato de Javier Valdez, fundador del semanario Ríodoce.

LLAMADO DE ATENCIÓN

Además de apurar al Congreso local, el gobernador de Sinaloa llamó a sus funcionarios y a los alcaldes a trabajar en gobernabilidad, sin perseguir la crítica que hay en su contra.

En particular, pidió a Héctor Melesio Cuén Ojeda, secretario de Salud, a desistir de demandas hechas contra periodistas. En el pasado demandó a María Teresa Guerra Ochoa -actual secretaria de las Mujeres en el gobierno estatal- por distintas columnas escritas para el diario El Debate, pero luego desistió de estas.

Otra de las demandas fue contra el periodista Luis Enrique Ramírez, pero Cuén Ojeda también desistió de esta.

La última demanda la promovió contra la comunicadora y actual senadora Lily Téllez, luego de una serie de videos donde expresó su opinión respecto al ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).

Rocha Moya señaló que ningún funcionario de su administración debe promover demandas y, en cambio, atender las críticas que existen en torno al funcionamiento de las dependencias.

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