Los pueblos de la bahía de Ohuira denuncian amenazas y exigen reunión con Rocha

Se les dijo a los gobernadores indígenas de la bahía de Ohuira, los mismos que tienen una lucha contra la construcción de una planta de amoniaco, que se les citaba a una reunión para hablar sobre los centros ceremoniales en Palacio de Gobierno (Culiacán). Esa cita se hizo por Crescencio Ramírez, director de Pueblos Indígenas, pero no ocurrió así.

La reunión ocurrió el 17 de mayo, pero en las oficinas de la subsecretaría de Gobierno, con Rodolfo Jiménez, quien les dijo que tras haber ganado el amparo por las comunidades debían trabajar bajo los intereses de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), subsidiaria de la empresa alemana Proman.

“Nos dijo que debemos trabajar los intereses de planta de amoniaco, que nosotros estamos mal informados y que era el momento exacto para que desistamos de la lucha que hemos venido trayendo por más de 6 años, casi los 7 años”, aseguró Felipe Montaño, gobernador indígena de Ohuira.

Apenas el 6 de abril de 2022 la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación amparó a la Nación Mayo-Yoreme para tumbar todos los permisos que obtuvo GPO, luego de demostrar que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) dio un aval sin haber consultado a los pueblos originarios de la zona que comprende la bahía de Ohuira, en Topolobampo.

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Ese lugar, además, es un sitio natural protegido y de interés internacional, a través de un convenio denominado Sitio Ramsar, el cual se firmó en 2009 por el gobierno mexicano y la Unicef.

Con el amparo, ahora se deberá hacer una consulta para conocer si los pueblos indígenas quieren o no que se construya la planta en esa zona, pero antes deberán ser informados sobre los riesgos que habrá por el impacto de una construcción que se proyectó en 126 hectáreas para una fábrica de 2,200 toneladas diarias de amoniaco, un químico tóxico pero que sirve para fertilizar la tierra.

Montaño aseguró que la reunión con Jiménez fue únicamente para hablar sobre la posición de los pueblos, de un posible convencimiento para cambiar de opinión respecto a la lucha que sostienen las comunidades de manera legal desde 2018.

“La respuesta de nosotros fue negativa, los pueblos originarios, las decisiones tomadas en asambleas es lo que se da a conocer, ahorita yo lo hablo porque también ya lo di a conocer a los pueblos originarios, a los quejosos que son Paredones, Lázaro Cárdenas y Ohuira”, indicó.

El gobernador indígena de Ohuira aseguró sentirse amenazado en esa reunión, pues en la conversación con Jiménez hubo cuestionamientos de parte del funcionario sobre la vida personal de Montaño.

“Yo lo tomé como una amenaza a que nosotros desistamos de esta lucha”

-¿Le hizo sentir amenazado?

“Yo tomé sus palabras como amenazas, porque al momento de entrar en un diálogo que más bien tiene las características de una discusión. La discusión se encerraba en una amenaza en palabras así muy propias, escondidas”.

“Por ejemplo, me decía ‘tú estás en frente de la planta de amoniaco, en la lucha de los pueblos originarios y yo veo aquí que tienes dos hijos, pero un hijo ya falleció, te queda uno nomás’, y en dos ocasiones me comparó con Felipe Bachomo, porque tiene como héroe revolucionario él, pero a Felipe Bachomo lo mataron, lo traicionaron, y prácticamente yo no iba a ese lugar, sino que Crescencio Ramírez me entregó ahora sí al gobierno, fue una mentira por la que llegué yo allá”.

En esa reunión estuvo Montaño, América Nayeli Limón -gobernadora indígena de Juan José Ríos- y Cándido Velázquez, ex gobernador de la comunidad de Ohuira. A los tres, afirmó Montaño, les plantearon que si pedían algo a cambio de su postura se podría cumplir alguna necesidad.

“Que también iba a haber canonjías, que lo que yo pidiera se me iba a conceder en ese momento, ya sea algo político, algo monetario… la mesa estaba servida para nosotros tres que estábamos ahí, pero la negociación no se llevó a cabo porque estamos firmes en lo que nosotros estamos haciendo y creo que a estas alturas la lucha no es negociable”, señaló.

Revista ESPEJO consultó a Rodolfo Jiménez sobre la reunión en la subsecretaría de Gobierno. En entrevista aseguró que no hubo un ofrecimiento para negociar, pero sí una plática que giró sobre las posibles bondades de un proyecto por el que se prevé una inversión inicial de 1,250 millones de dólares, un plan de restauración de la bahía y la creación de servicios sociales para las comunidades.

El único acuerdo que se dio en esa mesa, coincidieron ambas partes, fue que el gobernador Rubén Rocha Moya sostuviera una reunión con los pueblos, pero Montaño puso una condición: que fuera en la bahía con representantes de Paredones, Lázaro Cárdenas y Ohuira y una comisión de los centros ceremoniales Mayo-Yoreme.

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El Gobierno del Estado fijó una cita para el 26 de mayo, pero las condiciones cambiaron, se estableció que sería en Palacio de Gobierno y se incluiría a gobernadores indígenas que han sido desconocidos por sus pueblos, entre ellos el señor Librado Bacasegua Elenes, de Lázaro Cárdenas y quien encabeza una campaña a favor de Gas y Petroquímica de Occidente.

Tras esos condicionamientos se hizo una asamblea dura en Lázaro Cárdenas, donde se decidió que no se acudiría, sino que el gobernador de Sinaloa debía viajar a los pueblos para dialogar.