Derechos Humanos

Letra muerta | Abortar legalmente sigue siendo una odisea en Sinaloa

Mujeres y colectivas denuncian públicamente ser intimidadas por el personal de salud para no acceder a la interrupción legal del embarazo

FOTO: Salud Sinaloa

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“No seas egoísta”, así le respondió el doctor a María (nombre cambiado por anonimato), una joven de 18 años de edad que acudió al Hospital General de Guasave a solicitar un aborto. 

De acuerdo con la narración de esta joven, ella leyó en noticias de medios de comunicación que el aborto ahora es legal y no necesita del consentimiento de los padres de familia, por lo que acudió al nosocomio donde fue revictimizada con comentarios religiosos y se le culpó de su condición al “no usar protección”.

“Me empezaron a decir que era mi culpa, me dijeron habla con tus papás, al principio se molestan, pero luego van a comprender. Me dijeron que el aborto puede llegar a complicarse”, dijo.

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María relató que llegó a las 12:00 de la tarde al nosocomio junto a su mejor amiga, ahí fue atendida por una trabajadora social y una recepcionista, quienes le cuestionaron los motivos del aborto.

Posteriormente, la trabajadora social fue a buscar a un doctor, dejándolas solas con la recepcionista quien comenzó a hacerle comentarios religiosos sobre su estado. 

“La recepcionista se quedó diciéndome, hablándome de Dios, de cosas religiosas, la verdad como tenía un día que me acababa de enterar que estaba embarazada y la verdad yo me sentía muy mal. Y esta persona me estaba hablando de Dios y se me salieron las lágrimas, salió la del servicio social y me dijo ahorita viene el doctor, salió un enfermero y una enfermera, ahí ellos no me dijeron nada, ya estaban hablando conmigo que si por qué quería abortar y yo la verdad no quería dar explicaciones de nada”, comentó.

Ahí, en medio de la recepción del hospital, mientras la gente entraba y salía, las cinco personas intentaron hacerla cambiar de opinión respecto al aborto, explicó, a pesar de que ella ya había tomado la decisión, pues considera que no tiene la edad apropiada para tener a un hijo o una hija.

“Entre todos me empezaron a decir que si porqué no me cuidé, que por lo mismo me pasó lo que me pasó. Es que no seas egoísta, claramente así me dijo el doctor, eres muy egoísta me dijeron, estás pensando en ti, no estás pensando en tu familia.”, narró.

Después de ver que ella no cambiaba de idea, el personal de salud le explicó que el procedimiento tenía un costo de 3 mil 500 pesos y le habló de  los documentos que necesitaba para realizarlo.

María salió del lugar bañada en lágrimas después de lo ocurrido y decidió que no volvería a ir a ese hospital por temor que le pusieran muchas trabas o le hicieran el procedimiento “de mala gana”.

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Es así que se comunicó con los colectivos Sororas Guasave y Mutantes Disidientes/Aborta Segurx quienes han brindado acompañamiento a la joven y lanzaron un comunicado exigiendo que se capacite al personal de salud, pues la interrupción del embarazo es un derecho en Sinaloa desde que el 08 de marzo del 2022, el Congreso del Estado modificó el Código Penal y la Ley de Salud en el Estado, obligando a las instituciones de salud públicas garantizar este procedimiento.

Artículo 4 Bis 2. La atención a la salud sexual, reproductiva y de planificación familiar es prioritaria. Las instituciones públicas, privadas y sociales que presten servicios de salud en el Estado de Sinaloa deberán proveer el servicio para la interrupción del embarazo, en condiciones de calidad y salubridad que garanticen la dignidad humana de la mujer o persona gestante a solicitud de la persona interesada. En el caso de las instituciones públicas el servicio será accesible, gratuito, confidencial, seguro, en condiciones de calidad, expedito y no discriminatorio”, dice la Ley de Salud del Estado de Sinaloa.

En respuesta a esta situación, el director del Hospital General de Guasave, Flavio Nedel Acosta Castro dijo para el periódico El Debate que, en ningún momento se negó el servicio, sino que simplemente acudió una mujer a solicitar información sobre el aborto.

Además, dicha persona no siguió el proceso legal de la interrupción del embarazo, en el cual establece que las mujeres o personas gestantes deben solicitar el servicio, después tiene que acudir a Servicio Social donde se le da de alta como solicitante y posteriormente la interesada es canalizada al área de ginecología donde se le hace la revisión médica.

“Al parecer llegó la paciente y preguntó si ahí se hacía, pero ya no siguió el proceso legal del embarazo porque se requiere un expediente médico”, dijo Acosta Castro.

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Sin embargo, este no es el único caso que se ha registrado donde hospitales públicos dificultan el acceder a este servicio, pues de acuerdo con la activista Heidy Mares, integrante de la colectiva “No se metan con nuestras hijas”, aunque no hay denuncias formales a ellas les han llegado quejas de mujeres a las cuales se les ha intimidado para no abortar.

“Denuncias legales de manera formal no hay, las hemos atendido de manera privada, son morras que básicamente les niegan el servicio o les dicen cosas para asustarlas”, dijo.

Explicó que, las denuncias más comunes recibidas como colectiva es que el personal de salud decide atender a las mujeres hasta la semana 13, que es la fecha límite legal para realizar la interrupción del embarazo, pero llegado el momento ponen muchos pretextos y al final no realizan el procedimiento y las mujeres no pueden volver a intentarlo.

“Varias jóvenes están diciendo que como que les postergan la cita y las excusas son que está muy lleno o que no tienen el medicamento, pero el medicamento con el que trabajan es el que siempre se ha trabajado incluso para los partos, entonces esa excusa de que no hay herramientas o medicamentos tampoco va”, dijo.

Contradiciendo con ello a la recomendación de la OMS sobre aborto sin riesgo que dice lo siguiente:

“Los Estados y otros proveedores de servicios de salud deben garantizar que la atención para el aborto se preste de modo tal que respete a las mujeres como personas capaces de tomar decisiones. Los períodos de espera no deben poner en peligro el acceso de las mujeres a los servicios de aborto legal y sin riesgos

Además, dijo, hay otras clínicas donde se excusan por la falta de herramientas u ofrecen legrados a pesar de que va en contra de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Sabemos que en clínicas particulares sí les están ofreciendo el servicio, pero les ofrecen protocolo con pastillas y posteriormente el legrado. Según el lineamiento de la OMS los legrados están prohibidos antes de la semana 14, los legrados son para casos específicos. Los médicos están actuando en condiciones que no deben de ser”, añadió.

Puntualizó que también se les ha negado la atención a mujeres derechohabientes del IMSS o ISSSTE, pues al acudir al Hospital de la Mujer se les dice que al ser derechohabientes deben acudir a las clínicas que les corresponden, y en dichas clínicas al ser de dependencia federal se les niega el proceso.

Heidy Mares dijo que estas situaciones se pueden deber a que el personal aún mantiene prejuicios en el tema de la interrupción legal del embarazo que son formados con el objetivo de proteger el producto y no a la mujer, por lo que deben cambiar los protocolos de atención.

Es así que, después de pasar por esta situación de revictimización e intimidación, las mujeres optan por ya no regresar a los nosocomios y recurren a colectivas, activistas y acompañantes para realizarse un aborto en casa.

Ante esto, la activista y también integrante de la colectiva, Priscila Salas hizo un llamado a quien se le haya negado o les hayan administrado un protocolo inadecuado para que las contacten, ellas las pueden acompañar a poner una queja o denuncia formal y darle seguimiento.

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