El tercer fin de semana de junio resultó insistente en remarcar la presencia de dos terribles modos delictivos, feminicidios y desapariciones forzadas, que sostienen a Sinaloa en la preocupación generalizada por la falta de resultados en ambos hechos de inseguridad y sin posibilidad de experimentar satisfacción alguna por el decremento, que sí existe, en lo que corresponde a homicidios dolosos en lo específico.
El asesinato de la maestra Fabiola Vianey, en Los Mochis, reactivó la protesta en Sinaloa, México y el contexto internacional y no obstante que el presunto homicida está confeso y detenido la percepción de inseguridad crece y la exigencia de justicia es un clamor extendido y desesperado.
La víctima fue reportada en situación de desaparecida el viernes y el sábado a la medianoche sucedió la localización del cuerpo sin vida en una zona céntrica de la ciudad.
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Mientras tanto, en Mazatlán se realizó la manifestación de familiares y amigos de un joven identificado como Mario Eduardo Salas Rentería, en exigencia de que sea localizado después de que desapareció el jueves pasado. La movilización incluyó el cierre de vialidades, marcha, caravana de automóviles y un plantón en las oficinas en la zona sur de la Fiscalía General del Estado.
Feminicidios y desapariciones forzadas predominan en la realidad violenta de Sinaloa a pesar de que el gobernador Rubén Rocha Moya destaca la reducción en la incidencia de homicidios dolosos, que en 2021 presentó 43 casos en noviembre, 46 en diciembre y en 2022 registra 37 hechos en enero, 36 en febrero, 42 en marzo, 42 en abril y 56 en mayo. El avance, sin pasar por alto que la estadística todavía causa alarma y provoca el sentimiento de desprotección en la sociedad, pierde valor como elemento generador de paz social por la incontenible alza en otros delitos.
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Si el Gobierno de Sinaloa posee evidencias de que alguna estrategia le funcionó para abatir la acción criminal en lo referente a homicidios dolosos, entonces que la implemente con los ajustes que sean necesarios para buscar mejores resultados en feminicidios y desapariciones forzadas. La seguridad pública en su conjunto representa la posibilidad de tranquilidad y legalidad en todo y no en una parte de su comportamiento. Los sinaloenses no podemos caer en la práctica embaucadora de reconocer lo logrado en abatir algunos ilícitos y atemorizarnos por los repuntes en otros modos de violencia.
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