Seguridad

Pagará Rocha Moya deuda de Malova de 327 millones de pesos

El gobierno de Mario López Valdez adquirió una deuda para servicios de inteligencia y seguridad, pero no terminó de pagarla

El gobierno de Sinaloa deberá pagar 327 millones de pesos por una deuda que dejó Mario López Valdez (Malova).

“Hay tantos que venden estrategias (de seguridad), ya hasta me da sospecha que se me anden promoviendo algunos por ahí que vendan estrategias. Hay miles y los gobiernos anteriores gastaron miles de millones en estrategias para la seguridad y ningún gobierno desde 2010 para acá, ninguno, ha tenido los resultados de la seguridad que tengo yo”, aseguró el gobernador Rubén Rocha Moya.

“Sin embargo le han metido miles de millones a muchos que venden estrategias. Ahí estamos con uno de esos que vendió estrategia hace dos sexenios atrás, me cobraba mil millones de pesos que le quedaron debiendo, finalmente quedamos en que le vamos a pagar 200 y tantos millones de pesos… de todas maneras le vamos a pagar… con esos millones de pesos podría comprar patrullas, sin embargo tengo que pagar porque es institucional la deuda”.

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Se trata del finiquito de un arrendamiento a la empresa Comunicación Segura, que es filial del grupo empresarial Seguritech. La firma proporcionó distintos servicios en tres contratos diferentes, cuyo costo total fue de mil 307 millones 218 mil 146 pesos, los cuales se pagaron en el transcurso de 5 años, entre 2011 y 2016.

Ese contrato sirvió para rentar el edificio donde está la Secretaría de Seguridad Pública, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y el C4i -donde se hace la vigilancia del Estado- y así crear inteligencia policial esos aparatos y con seis vehículos blindados -llamados Tiger-, helicópteros, aviones, videocámaras y arcos carreteros de seguridad.

En las cláusulas se incluyó que el edificio, las videocámaras, los vehículos blindados, las aeronaves y un camión llamado C2 que sirve para hacer videovigilancia y monitoreo serían utilizadas por el gobierno del Estado, pero la administración de las bitácoras de vuelo y más documentos serían propiedad de la empresa.

La administración de López Valdez dejó un pasivo de deuda por 327 millones de pesos, que corresponden al último pago de renta por el complejo de seguridad, las videocámaras, los vehículos blindados, los camiones de vigilancia y dos helicópteros.

La administración de Quirino Ordaz Coppel no pagó ese dinero, por lo que los seis vehículos blindados quedaron estacionados en la parte trasera del complejo donde se encuentra el edificio de la Secretaría de Seguridad Pública. Ahí mismo hay un hangar con el camión de monitoreo y las aeronaves estacionadas.

Sobre las cámaras, la mayoría comenzaron a descomponerse o fueron dañadas en 2015, pero como se dejó de pagar el siguiente año no fueron reparadas por la empresa, tal como se indicó en la garantía.

El edificio se construyó en un terreno del gobierno de Sinaloa, pero todos esos materiales usados son de la empresa.

La contratación de la renta

Fue una contratación a través de adjudicación directa, con el argumento de tener la urgencia en contratar a una empresa especializada en temas de tecnología y seguridad.

El Gobierno de Mario López Valdez contrató la firma Comunicación Segura S.A. de C.V., filial de Seguritech Privada S.A. de C.V., para arrendar un complejo de seguridad C4, vehículos blindados, vehículos de videovigilancia, arcos carreteros y videocámaras para instalar en Culiacán y Mazatlán.

Fue una contratación a través de adjudicación directa, con el argumento de tener la urgencia en contratar a una empresa especializada en temas de tecnología.

El costo total fue de mil 307 millones 218 mil 146 pesos que se debió terminar de pagarse el 31 de diciembre del 2016.

De acuerdo con la Secretaría de Administración y Finanzas, el Gobierno de López Valdez dejó un pasivo de deuda por 327 millones de pesos con la empresa.

Además, se encontró que el equipo que se arrendó no recibió mantenimiento como se estipuló en el contrato. Tampoco no se cuenta con las bitácoras de vuelos y registros de inteligencia.

A la fecha el Gobierno de Sinaloa sostiene una negociación con la empresa para reducir la deuda por distintas irregularidades que fueron reservadas para evitar situaciones legales.

Una cronología de violencia y corrupción

En 2011 llegó Mario López Valdez como gobernador y designó a Francisco Córdova Celaya, un político sonorense, a la Secretaría de Seguridad Pública, pese a su inexperiencia en esa materia.

Lo más cercano a la seguridad fue que estudió Ciencias Políticas en la Navy, en Estados Unidos, el equivalente de la Marina en ese país.

En ese tiempo los asesinatos se contaban por decenas al día. Había una confrontación entre grupos criminales y el gobierno federal sostenía una ‘guerra contra las drogas’.

“Ponles los nombres tú, los mazatlecos son parte de los Beltrán Leyva. Los Carrillo en Navolato, entonces él buscaba alguien totalmente ajeno a eso, él buscaba alguien que conociera el tema, yo lo conocí por los 12 años de militar”, dijo Córdova Celaya a este reportero en 2017.

Para ese entonces el tema ya era conocido dentro y fuera de Sinaloa, lo que provocó que decenas de proveedores de servicios de inteligencia de seguridad llegaran al Palacio de Gobierno a ofrecer sus productos.

“Llegaban 20 empresas al mes ofreciendo equipamiento, helicópteros, carros blindados, armamento de todo tipo, uniformes, chalecos, eran muchas empresas muy interesadas porque habíamos dado a conocer que se iba a armar bien la policía y que andábamos buscando proveedores, se corrió la voz, es un sector chico, se corrió la voz y comenzaron a llegar”, aseguró el político.

En ese desfile de firmas también pasó el grupo empresarial Seguritech, empresa mexicana dirigida por el empresario Ariel Zeev Picker Schatz, que en ese entonces se dedicaba a la instalación de botones de pánico y cámaras de videovigilancia a través de distintas empresas, entre ellas Comunicación Segura.

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El Gobierno de Sinaloa decidió por ese proveedor aunque no había en ese entonces un proyecto específico para evitar los golpes de la delincuencia, salvo confrontaciones mediáticas encabezadas por el propio gobernador o por Marco Antonio Higuera Gómez, quien era procurador General de Justicia.

La empresa ofreció los servicios en forma de renta con pagos multianuales y con una opción a compra por un monto al final que se finiquitaría con un una suma de dinero que representaría el 18 por ciento del total del arrendamiento. El acuerdo estaba condicionado y Gobierno del Estado aceptó.

Fueron tres contratos distintos, de los cuales Revista ESPEJO tiene copia, en los que se debió pagar mil 307 millones 218 mil 146 pesos.

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