Seguridad

Pagaremos los sinaloenses 327 millones de pesos de deuda que dejó Malova

El monto del adeudo que el gobierno de Rocha Moya pagará alcanzaría para rehabilitar el puente de El Quelite que colapsó en septiembre de 2021

Pasaron los años, transcurrió un gobierno de 58 meses, llegó el sexenio del actual gobernador Rubén Rocha Moya, y siguen apareciendo las deudas que dejó Mario López Valdez, el político mochiteco que fue titular del Ejecutivo Estatal de 2011 a 2016, sin que las instancias de auditoría, anticorrupción y de la función pública lo llamen a rendir cuentas y responder por los daños causados a las finanzas públicas de Sinaloa.

En la administración pública estatal anterior que encabezó Quirino Ordaz Coppel se otorgaron facilidades, más bien dicho impunidades, para que los ex secretarios de Salud, Ernesto Echeverría Aispuro, y de Administración y Finanzas, Armando Villareal Ibarra, así como funcionarios de otras áreas, libraran en comodidad los procesos ministeriales y judiciales por malos manejos de recursos públicos y desempeño irregular de los puestos de gobierno.

Y las afectaciones al erario sinaloense continúan ya que el gobernador Rocha Moya dio a conocer que se le tendrá que pagar a la empresa Comunicación Segura, filial de Seguritech, el finiquito del arrendamiento de equipo y materiales que se le contrató en el sexenio de Malova por un monto de mil 307 millones 218 mil 146 pesos.

De este trato, el Gobierno del Estado recibió un pasivo de deuda por 327 millones de pesos que debido a intereses moratorios asciende a alrededor de mil millones de pesos.

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Siempre los sinaloenses acabamos pagando por los manejos oscuros de las finanzas estatales que realizan mandatarios estatales y sus colaboradores. Si bien es cierto que Quirino Ordaz Coppel se negó a cubrir esa deuda que le dejó Malova, al paso de los años el pasivo se tornó bola de nieve que colisiona con los derechos ciudadanos para que esa suma se destine a atender obras y servicios que urgen en colonias populares y comunidades rurales.

En cualquier sistema de leyes resarcitorias de daños que derivan del desempeño de la función pública, los que causan las afectaciones a los erarios deberían pagar las consecuencias derivadas. Sin embrago, la tolerancia a tales malos manejos le carga la deuda a la población, que ni la debe ni la teme.

Para dar una idea del impacto social de los 327 millones de pesos que el Gobierno de Sinaloa le pagará a la empresa Comunicación Segura, alcanzaría para rehabilitar el puente de El Quelite que colapsó en septiembre de 2021 por las lluvias que ocasionó el huracán “Nora”, y todavía sobrarían 127 millones de pesos.

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