Seguritech pide hasta 1,200 MDP de indemnización al gobierno de Sinaloa

El grupo empresarial Seguritech sostiene una demanda contra el gobierno de Sinaloa, por la que pide hasta mil 200 millones de pesos como indemnización por una deuda que dejó la administración de Mario López Valdez (Malova).

Enrique Díaz Vega, secretario de Administración y Finanzas en Sinaloa, explicó que el adeudo que la denuncia que se promovió es porque no se le pagó 327 millones de pesos como finiquito de un arrendamiento en 2016, el cual consistió en dotar de equipamiento e inteligencia en las áreas de seguridad estatal.

“Lo que estamos buscando es que esa demanda no llegue como las que tenemos ahorita, que empiece con una cantidad muy pequeña y por no atenderse se van subiendo y se van subiendo”, indicó el funcionario.

“¿Qué queremos hacer? Sentarnos a negociar con ellos y pararla, que no crezca, porque otros gobiernos no han defendido bien los casos y eso hace que se incremente considerablemente la deuda, nosotros queremos atacarla, negociar y liquidar, porque ellos hablan de mil 100, de mil 200 (millones de pesos) los de Seguritech y nosotros estamos negociando y cuantificando”.

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En 2011, la administración de Malova decidió hacer tres contratos de arrendamiento con la empresa Comunicación Segura, del grupo empresarial Seguritech, por un costo total de mil 307 millones 218 mil 146 pesos, los cuales debieron pagarse en el transcurso de 5 años, entre 2011 y 2016.

A cambio, la empresa proporcionó seis vehículos blindados, un camión de monitoreo, dos helicópteros, más de 250 cámaras de videovigilancia y el edificio donde se encuentra la Secretaría de Seguridad Pública, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad y el Centro Estatal de Comando, Control, Comunicaciones, Computo e Inteligencia (C4i).

El equipo de seguridad sí se proporcionó y los pagos se hicieron hasta 2015, pues en 2016 se suspendieron.

La administración de López Valdez dejó un pasivo de deuda por 327 millones de pesos, que corresponden al último pago de renta por el complejo de seguridad, las videocámaras, los vehículos blindados, los camiones de vigilancia y dos helicópteros.

En las cláusulas se incluyó que el edificio, las videocámaras, los vehículos blindados, las aeronaves y un camión de monitoreo que sirve para hacer videovigilancia y monitoreo serían utilizadas por el gobierno del Estado, pero la administración de las bitácoras de vuelo y más documentos serían propiedad de la empresa.

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Toda esa información sigue siendo de la empresa, así como el equipo y edificio, y si el gobierno de Sinaloa quiere hacerse de esta debe finiquitar el contrato.

Díaz Vega aseguró que las negociaciones están avanzadas, pero que dependerá de Seguritech que acepte los 327 millones que quedaron pendientes.