Salud

Medicinas caducadas en Sinaloa: negligencias y desabastos delatan que sí hubo dolo

Rocha Moya no puede dejar como un dato anecdótico el hallazgo de medicina caduca, se debe garantizar una investigación a fondo

En vez de justificar de manera a priori lo que ocasionó que medicamento caducado con un valor de 30 millones de pesos fuera encontrado en bodegas de la Secretaría de Salud de Sinaloa, el gobierno de Rubén Rocha Moya debe garantizar la investigación a fondo de un hecho que involucra recursos públicos y la atención médica a sectores que más carecen de ésta

Sería irresponsable y además cómplice que se deje como un dato anecdótico la información que dio a conocer el 22 de junio el secretario estatal de Salud, Cuitláhuac González Galindo, sobre la localización de las medicinas con fecha de prescripción vencida, explicando que tal vez no fue requerida por pacientes o, lo que prevé Rocha Moya, de que probablemente no existió dolo en esto que sí es preocupante en el contexto de un prolongado desabasto de fármacos en la última etapa del gobierno que presidió Quirino Ordaz Coppel y la fase inicial del mandato del actual jefe del Ejecutivo Estatal.

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¿Ningún funcionario se dio cuenta de que en bodega existía ese material a punto de caducar? ¿Por qué procedieron a adquirir medicinas que no eran requeridas en los hospitales? ¿Quiénes son los responsables de este absurdo donde los niños atendidos en el Hospital Pediátrico de Sinaloa carecían de tratamientos para el cáncer mientras 30 millones de pesos en medicamentos estaban destinados al bote de la basura?

Tratándose de un caso de evidente negligencia, aunque lo quieran atribuir a un error no alevoso, las autoridades competentes están obligadas a llevar la indagatoria a las últimas consecuencias hasta ofrecerle a los sinaloenses la versión creíble y probablemente punible, lejos de incurrir en solapamientos. En tal sentido se pronunció ayer el Centro Empresarial de Sinaloa que, a través de su dirigente, Guillermo Gastélum Bon Bustamante, solicitó que más allá de tratarlo como denuncia mediática deben esclarecerse los motivos que hubo para que los 30 millones de pesos en medicinas quedarán inutilizables.

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Ya basta de cosas a las que el gobierno les coloca tapaderas a la medida. El medicamento llegó aquí por solicitud de compra que alguien hizo y la más sencilla labor de inventarios debió detectar la cercanía de la caducidad para proceder a canalizarlo a otras zonas del estado o del país.

La coartada de la ausencia de dolo para lo único que sirve es para adelantar la impunidad a servidores públicos cuya desidia volvió a salirnos muy cara a los ciudadanos.

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