Violencia

La comunidad religiosa bajo ataque: ¿y después de socavar la fe qué es lo que sigue?

El Cardenal de Guadalajara, José Francisco Robles Ortega, denunció que para realizar fiestas patronales deben pedir permiso a los jefes del narco; hace días criticó la política federal de “abrazos, no balazos”

Cuando la violencia en México toca a las instituciones que desde los púlpitos de la fe promueven los valores y la paz, e inclusive al salmo eclesiástico se le percibe amedrentado, ninguna razón existe para sostener la estrategia de combatir a la delincuencia cruel mediante el abrazo piadoso pues suenan todas las alarmas posibles que advierten de la entronización del crimen por encima del gobierno constitucionalmente establecido y de los bastiones de la esperanza.

Al amanecer del martes 21 de junio la comunidad nacional e internacional se estremeció por la noticia que dio cuenta de dos sacerdotes jesuitas asesinados horas antes en el templo de la población de Cerocahui, estado de Chihuahua, resultando otra de las víctimas un guía turístico que buscaba refugio al ser perseguido por una persona armada, hecho que dispersó más miedo que el ya reinante en el territorio mexicano.

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En reacción por esa embestida violenta que afecta a todos los ciudadanos y sectores, alzó la voz el Cardenal de Guadalajara, José Francisco Robles Ortega, quien después de vivir la retención e interrogatorio de un grupo criminal en la zona norte de Jalisco colindante con Zacatecas, denunció que en algunas parroquias de la región los sacerdotes deben pedir autorización al jefe del narco que controla la plaza para realizar las fiestas patronales.

Las religiones se han agregado a la enumeración infinita de víctimas causadas por la alta delincuencia que creyendo garantizada la impunidad procede a afectar el eslabón más fuerte entre una abrumadora mayoría de mexicanos creyentes y los entes que promueven la paz y el derecho a la vida. Los últimos reductos de la esperanza, aquellos que quedaban después de que la seguridad pública se puso en manos de un gobierno de izquierda, se van agotando de uno en uno, de sacrificio en sacrificio.

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Entonces lo único que queda es reiterar el llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador, y los gobernadores en los estados, para que ajusten las estrategias de protección a los ciudadanos conforme crece la amenaza delincuencial sobre todo y todos.

Es inadmisible la actual distracción en temas triviales en vez de establecer la más enérgica acción del Estado contra lo que realmente socava la gobernabilidad, desentendimiento perverso que los mexicanos no solamente atestiguan sino fundamentalmente sufren las consecuencias.

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