Corrupción

Hay corrupción en Sinaloa; lo que no hay es quien la combata

La 64 Legislatura local le pone el cascabel al gato y deberá actuar en congruencia con el examen y las convenientes reformas para que el SEMAES deje de ser un órgano autónomo de ornato

“Hechos de corrupción hay, pero ¿estamos combatiéndola?” es la interrogante que planteó el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Feliciano Castro Meléndrez, durante el informe de labores que rindió Soledad Astrain Fraire, integrante y presidente saliente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción de Sinaloa, que por cierto es uno de los engranajes actualmente entrampados del régimen que debe detectar y castigar los delitos contra las finanzas públicas.

El sistema anticorrupción sinaloense ha incumplido las expectativas puestas en él desde que entró en funciones en junio de 2019, por lo cual requiere de la revisión e implementación de acciones que lo empaten con la preocupación social frente a los daños que se les propinan a los erarios estatal y municipales. Al mismo tiempo que crece la comisión de ilícitos como cohechos, peculados y fraudes, el SEMAES presenta el descenso en voluntad y capacidad para inhibirlos con la aplicación de las leyes en la materia.

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Es tan evidente el deterioro de los propósitos fundacionales del sistema anticorrupción que en las organizaciones de la sociedad civil existe el consenso de que el Congreso del Estado proceda a analizar en qué falla y establecer las enmiendas necesarias.

“¿Por qué el Comité de Participación Ciudadana se ampara ante las reformas que la 63 Legislatura hizo sobre la reforma a la Ley de Obras Públicas? ¿Por qué integrantes del CPC se asumen como abogados de personas acusadas de corrupción?”, cuestionó Feliciano Castro.

La 64 Legislatura local le pone el cascabel al gato y deberá actuar en congruencia con el examen y las convenientes reformas para que el SEMAES deje de ser un órgano autónomo de ornato, impávido ante sonados casos de corrupción, y retome la función que le corresponde hasta que sus atribuciones lo conviertan en barrera impenetrable de hechos donde el dinero del gobierno va a parar a los bolsillos o cuentas bancarias de servidores públicos.  Y que, aparte, al ser descubiertos y enjuiciados los desfalcadores, sean miembros del CPC quienes que los defiendan.

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Aquí es válida una acotación pertinente. Solamente con el involucramiento cívico será posible que el actual sistema anticorrupción transite de la actual pasividad a la acción futura decidida y permanente para moralizar la cosa pública en Sinaloa.

Lejos de reformas simuladas lo que apremia es contar con instrumentos jurídicos ineludibles y capacidades y voluntades que le entren con todo y en serio a combatir la corrupción. Que no nos salga el Congreso con más gatopardismos donde los cambios se hacen para que todo siga igual.

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