Corrupción

Aplíquese la ley a los adversarios | Grupo Vidanta, otra evidencia del combate selectivo a la corrupción

Mientras a unos se les persigue con toda la fuerza del Estado a otros se les protege con la mayor impunidad instruida desde Palacio Nacional

Paralelo al discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador que sostiene que la corrupción en México es combatida y abatida, cada vez surgen mayores evidencias en sentido contrario, a contracorriente de los amlovers que le creen a ciegas al mandatario nacional pese a ser los mismos que a gobiernos federales anteriores les exigían con vehemencia el saneamiento del ejercicio de la función pública.

En su más reciente investigación, la organización civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad da cuenta de cómo López Obrador le permite a Daniel Chávez Morán, a quien considera un amigo de largo tiempo al que aprecia y admira, que amplíe concesiones de playas, explote un acuífero en un campo de golf, que un crucero navegue por las costas del Pacífico y le avala enlazar dos de sus desarrollos turísticos con un teleférico de 6 kilómetros, que inicialmente estaba autorizado para sólo un kilómetro.

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A Grupo Vidanta, propiedad de la familia de Daniel Chávez Morán, se le tolera que en Baja California Sur bloquee el paso de un camino costero donde dicha empresa construye un nuevo complejo turístico. Además, según documenta MCCI, Vidanta había recibido, entre otros tantos privilegios, en 2019 y 2020 la ampliación de tres concesiones de playas en Nayarit, Jalisco y Guerrero y dos se prorrogaron por 15 años y una más por 7 años.

¿Cuál corrupción está combatiendo el régimen autodenominado Cuarta Transformación? La lucha contra la pudrición de la cosa pública se ha tornado selectiva en México y a lo largo del sexenio de AMLO la consigna que se asienta es aquella de aplíquese la ley a mis adversarios y dótese de la mayor impunidad posible a aliados, familiares y amigos.

Lo más grave es que este esquema de castigo selectivo a la corrupción, donde a unos se les persigue con toda la fuerza del Estado y a otros se les protege con la mayor impunidad instruida desde Palacio Nacional, también se aplica en los estados donde ex gobernadores o alcaldes en activo tienen carpetas de investigación abiertas por delitos contra las finanzas públicas y sin embargo éstas son archivadas o manipuladas para que los presuntos implicados escapen de la acción de la justicia.

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