Comunidad

Charay le dice sí a la planta de amoniaco en la bahía de Ohuira

Charay es un pueblo a 52 kilómetros de la bahía de Ohuira, donde se pretende construir una planta para producir 2 mil 200 toneladas diarias de amoniaco

Aquí nadie necesita del mar. En este pueblo, Charay, hay siete comunidades indígenas, donde casi todos sus habitantes Mayo-Yoreme se dedican a la pesca en el río Fuerte.

Hay tilapia, camarón, robalo, pargo, tortuga, langosta, langostino, bagre y lisa que sacan del ‘Suaque’ -así le dicen al río Fuerte- o de los canales que riegan los campos agrícolas del Valle de El Fuerte.

“Ni necesitamos ir al mar, todo lo tenemos en el canalito”, dijo Felipe, un joven menor de 30 años mientras descansaba sentado debajo de una lona en el centro ceremonial de Charay, donde se llevó a cabo una asamblea de consulta indígena a mano alzada.

Este pueblo con habitantes indígenas es uno de los 15 que fueron elegidos por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas para que decidieran si están o no de acuerdo con la instalación de la construcción de una planta de amoniaco.

LEER MÁS: Marchan en Los Mochis a favor de la Planta de Amoniaco

En 2014 se dieron permisos irregulares para la planta de amoniaco

Ese es un proyecto de la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), subsidiaria en México de la empresa alemana Proman, que busca producir 2 mil 200 toneladas diarias de amoniaco, el 70 por ciento de ese químico será para exportación.

En 2014 comenzó la construcción de la planta, pero activistas, políticos y grupos ambientalistas se opusieron y comenzaron a interponer amparos e informar a los pueblos indígenas de los riesgos y la violación a su derecho a no ser consultados.

Entre los riesgos que hay, de acuerdo con documentos de Semarnat y la empresa, está la fuga de amoniaco, el calentamiento de las aguas en la bahía, la contaminación del aire y el suelo. Eso impactaría a los pueblos en un radio de 45 kilómetros.

Además, la construcción se comenzó pese estar dentro de un sitio Ramsar, es decir, un lugar protegido internacionalmente por su biodiversidad.

La empresa GPO ya había conseguido los permisos de construcción por Semarnat, aunque fue de manera irregular.

LEER MÁS: Ganan amparo, pero Semarnat los saca de la consulta por la planta de amoniaco

Los pueblos de Lázaro Cárdenas, Ohuira y Paredones, que se encuentran alrededor de la bahía, comenzaron a interponer amparos y los ganaron. Tras cuatro años de lucha jurídica la Suprema Corte de Justicia les dio la razón respecto a no haber sido consultados.

Los permisos fueron echados abajo y se ordenó hacer una consulta indígena únicamente a los pueblos que serían afectados.

“Se estima necesario hacer extensivos los efectos protectores de la sentencia, relativos a la realización de la consulta previa, a las demás comunidades indígenas que se encuentren dentro del área de impacto del proyecto de que se trata”, señaló la Corte en la sentencia de amparo hecha por el ministro Alberto Pérez Dayán el 6 de abril.

La Semarnat y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas decidieron incluir en la consulta a mano alzada a 15 pueblos, entre ellos Charay, que está a 52 kilómetros de donde sería el punto donde se prevé la construcción de la planta de Amoniaco.

LEER MÁS: “No habrá mega fraude”, Rocha sobre consulta por planta de amoniaco en Topolobampo

La consulta debió suceder tras informar impactos

A este pueblo con siete comunidades indígenas se le debió informar sobre los impactos positivos como negativos el 25 de junio, pero no sucedió.

“¿Qué beneficio nos puede traer a quienes vivimos en las riberas del río?”, preguntó la señora Juventina Martínez Moroyoqui, del Ejido La Palma.

“A nosotros no se nos informó de nada, somos de aquí del Ejido La Palma en Charay y no se nos dijo qué beneficios podía venir, hasta ahora que ya nos piden votar. Ojalá no sea un ganchito, que no sea nada más ahorita. Si en verdad valemos como indígenas, que se nos aclare bien”.

El gobernador indígena Antonio Valenzuela Llanes le respondió, afirmando que él estaba de acuerdo con la planta porque a partir de esta tendría la oportunidad de empleos, que bajará el precio de los fertilizantes y que habrá servicios públicos de salud.

Esta asamblea de votación pareció también un mitin político con voceros indígenas y de dependencias hablando de oportunidades con un proyecto privado.

LEER MÁS: Planta en suspenso | amoniaco contra medio ambiente, el enorme poder del gobierno frente a la débil fuerza ecologista

Guadalupe Espinoza Sauceda, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Semarnat, recordó en la asamblea de consulta que estaban ahí por los amparos promovidos por las comunidades indígenas, aunque la empresa ya había tenido el permiso correspondiente.

“Esta asamblea es para saber su opinión, aunque ya antes se les dio el permiso”, dijo el funcionario federal en la asamblea.

Luego de él hablaron más funcionarios, entre ellos del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas para explicar el proceso, el cual constó en la asamblea informativa del 25 de junio, esta asamblea de consulta a mano alzada, pero con la obligación de escuchar peticiones de los pueblos a la empresa y el gobierno.

Ahí hablaron dos hombres, uno de ellos no es indígena, se trata de Juan Carlos Vázquez Hernández, quien aseguró que “la planta les llevaría beneficios como la disminución en los costos de fertilizantes para la siembra en el Valle”.

Luego otro hombre llamado Jaime Carrera, de El Pochotal, que dijo dar para adelante el proyecto y “dejar de tener miedo al futuro”.

Siguió otro hombre, de nombre Armando Llanes Valenzuela, de Vinaterías, quien dijo que sabía sobre que “hay opositores, pero siempre los habrá”. Luego remató ser un hombre indígena informado que ha estado siempre en las luchas sociales. Aunque después de que se retiró hubo indígenas que preguntaron quién era él.

LEER MÁS: Caso Topolobampo | “Este es un mensaje para todas las empresas”, señalan indígenas

Los acuerdos y el sí de Charay

El gobernador indígena de Charay leyó los acuerdos de la asamblea con los comentarios sobre el proyecto de GPO en idioma Yoreme y después Eber Alonso Torres Huiquit lo tradujo al español:

“Los acuerdos tomados y que deben ponerse a votación son los siguientes:

  • Consentimiento a la Manifestación de Impacto Ambiental
  • Consentimiento a los permisos para operar la planta
  • Seguimiento a las propuestas de empleo y capacitación para empleo
  • Seguimiento a los precios de los fertilizantes
  • Que haya documentos firmados por autoridades de gobierno y Yoreme

Ahora ustedes deben levantar la mano si están de acuerdo”, dijo el hombre.

En esta asamblea no se explicó qué era una Manifestación de Impacto Ambiental -el documento que avala las afectaciones ambientales- y las mujeres y hombres que escuchaban se preguntaban entre ellos si sabían.

La consulta debió hacerse a los pueblos Lázaro Cárdenas, Ohuira, Paredones, San Miguel Zapotitlán, La Florida, Vallejo, Carrizo Grande, 5 de Mayo, El Colorado, San Isidro, Mochicahui, Charay, Salsipuedes, Cerro Cabezón y Juan José Ríos, cada uno en fecha distinta.

La mayoría decidirá entre el 9 y 10 de julio, pero los pueblos Lázaro Cárdenas, Paredones y Ohuira pidieron iniciar las asambleas informativas en agosto para después fijar las fechas de la consulta.

En el caso de Charay, había poco menos de 200 personas que llegaron a la asamblea de consulta a mano alzada en camiones y caminando. Ya debajo de la carpa donde se guarecían de los rayos del sol y tras de dos horas de escuchar un solo cuestionamiento y una serie de elogios al proyecto por el que se opusieron los pueblos de la bahía de Ohuira, levantaron la mano y dieron el sí a la planta.

Para cerrar la asamblea se cocía a fuego de leña un guacabaqui, plato típico Yoreme para fiestas indígenas. Pero de las casi 200 personas, apenas se quedaron unas 50. Los demás se fueron a sus casas o al río para trabajar. Aquí no necesitan del mar para pescar.

Comentarios

Reflexiones

Ver todas

Especiales

Ver todas

    Reporte Espejo