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El “sí” a la planta de amoniaco en Topolobampo ¿es un “no” a la protección del ambiente?

Fue evidente la operación política para convencer a los más escépticos y conseguir el aval para la instalación del complejo industrial

Imagen aérea de la planta de Gas y Petroquímica de Occidente SA de CV. Foto: Cortesía de Comunicación Social del Gobierno del Estado de Sinaloa.

Imagen aérea de la planta de Gas y Petroquímica de Occidente SA de CV. Foto: Cortesía de Comunicación Social del Gobierno del Estado de Sinaloa.

De tanta y apacible aprobación que ofreció la nueva consulta indígena para que el grupo Gas Y Pacífico de Occidente concluya la instalación de la planta de amoniaco en Topolobampo queda expuesta la gran operación política que convenció hasta a los más escépticos con el aval que dieron 12 de las 13 asambleas realizada ayer por mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Aunque lo que debiera predominar es la intervención de gobierno y sociedad para garantizar que bajo ninguna circunstancia esté en riesgo el ecosistema protegido por tratados internacionales, la dependencia que debiera hacerlo, que es la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, se dedicó a trabajar para el “sí” y descuidó las atribuciones que tiene para proteger el hábitat y que éste no nos cobre a los sinaloenses las consecuencias de haberlo alterado.

Pero ante todo existe una cuestión de fondo la cual profundiza las desconfianzas sobre las decisiones tomadas. En 2014, cuando gobernaba en Sinaloa Mario López Valdez se engañó a la empresa mexicana subsidiaria de la marca suizo-alemana Proman al ofrecerle que se instalara sobre los humedales del sistema lagunar Topolobampo-Santa María-Ohuira, declarados categoría Ramsar bajo un tratado ambiental intergubernamental establecido por la UNESCO en 1971.

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El caso es que aquellos que desde el servicio público hicieron negocios personales con zonas de gran importancia en materia ecológica, que con información privilegiada a la mano compraron las tierras a los campesinos a precios ofensivos y luego las vendieron caras a GPO, se han reído de las dificultades que ha tenido que enfrentar el consorcio de la petroquímica y festejan a carcajadas que las etnias del norte del estado pagarán por los errores y posibles delitos que los malovistas cometieron.

Siendo así queda un manto de duda sobre la consulta indígena efectuada el 10 de julio ya que prácticamente fue anulada la oposición a que la planta de amoniaco se instalara en Topolobampo y lo que debe ser una inversión privada fincada en los consensos, porque refuerza la economía y detona empleos, tan necesaria para Sinaloa en la etapa de recuperación posCovid-19, está marcada por la pregunta si predominó el negocio y la política por encima del cuidado ambiental.

Y la interrogante fundamental tiene que ver con quién responderá cuando se presenten consecuencias que ojalá y nunca sucedan.

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