Para Rubén Rocha Moya, la consulta indígena por la planta de amoniaco en la bahía de Ohuira fue un éxito, pese al descontento de las comunidades que viven en esa región en el norte de Sinaloa.

Apenas el 9 y 10 de julio se hizo una consulta indígena a mano alzada con 12 de 15 comunidades de la Nación Mayo-Yoreme, las cuales fueron elegidas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Entre ellas, solo una, la de Juan José Ríos, fue la única que votó en contra, luego de valorar los señalamientos de las comunidades Lázaro Cárdenas, Ohuira y Paredones, las cuales, de construirse la planta de amoniaco de la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), serían afectadas por estar dentro de la bahía de Ohuira.

“Están consultando a la mayoría de los indígenas y ese fue un acuerdo que tuvieron las instancias… INPI, Semarnat y Gobernación con… me imagino con los pueblos indígenas, porque, es más, yo cuando fui a Ohuira, ellos están muy de acuerdo que se consultara a todos”, aseguró Rocha Moya.

“A todos los pueblos indígenas, yo fui a Ohuira, dijeron ‘nosotros vamos a respetar los resultados de la consulta porque es un mandato de la Corte y estamos de acuerdo en que se consulte a todos los pueblos indígenas’, ellos mismos me dijeron ‘somos 66 pueblos indígenas y parece que se va a consultar a 15′”.

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El proyecto se ha visto envuelto en la polémica, pues desde que en 2014 comenzó la construcción de la planta, activistas, políticos y grupos ambientalistas se opusieron y empezaron a interponer amparos e informar a los pueblos indígenas de los riesgos y la violación a su derecho a no ser consultados.

Entre los riesgos que hay, de acuerdo con documentos de Semarnat y la empresa, está la fuga de amoniaco, el calentamiento de las aguas en la bahía, la contaminación del aire y el suelo, lo que impactaría a los pueblos en un radio de 45 kilómetros.

Además, la construcción se comenzó pese estar dentro de un sitio Ramsar, es decir, un lugar protegido internacionalmente por su biodiversidad.

Y aunque la empresa GPO ya había conseguido los permisos de construcción por Semarnat, esto fue de manera irregular.

Debido a ello, los pueblos de Lázaro Cárdenas, Ohuira y Paredones, que se encuentran alrededor de la bahía, comenzaron a interponer amparos y los ganaron, por lo que luego de de cuatro años de lucha jurídica la Suprema Corte de Justicia les dio la razón respecto a no haber sido consultados.

Es así como la Semarnat y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas decidieron incluir en la consulta a mano alzada de este sábado y domingo a 15 pueblos, entre ellos Charay, que está a 52 kilómetros de donde sería el punto donde se prevé la construcción de la planta de Amoniaco.

El gobernador de Sinaloa señaló que será la Suprema Corte de Justicia será la que califique la consulta, luego de una evaluación con la información que se entregue por dependencias federales.

“Sí, finalmente la Corte va a decir ‘saben qué, lo hicieron bien o no lo hicieron bien’, porque no está pues, el resultado que dieron los civiles, por decir algo de la Corte, es finalmente la Corte la que va a decir ‘sí lo hicieron como yo lo quiero’, presuntamente interpretaron el resolutivo de la Corte, porque incluso ahí en Ohuira ellos estaban interpretando el resolutivo de la Corte”, añadió Rocha Moya.

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La consulta aún no termina, pues debe iniciarse el proceso de información y luego votación con las comunidades de Lázaro Cárdenas, Ohuira y Paredones, que pidieron sea en agosto.