La incursión del Cártel de Sinaloa a la Ciudad de México y otras regiones del país denota la estrategia indebida de seguridad púbica que el presidente Andrés Manuel López Obrador se aferra en mantener como la adecuada, no obstante que la realidad y el miedo prevalecen en el territorio nacional al notarse más el avance del crimen organizado que los resultados del aparato federal militarizado en la lucha contra el narcotráfico y sus múltiples tentáculos delictivos.
El martes 12 de julio la principal organización del narcotráfico reiteró la capacidad logística y armada que posee para penetrar cualquier región mexicana, inclusive la capital, al enfrentarse civiles armados con policías de la CDMX que lograron la detención de 14 gatilleros que supuestamente integran una célula de la facción del cártel sinaloense conocida como “los chapitos”.
Lo que en otras zonas del país ocurre con mayor frecuencia, principalmente en Sinaloa que es la cuna operativa de dicha organización criminal, alarmó a la opinión pública nacional debido a la capacidad de movilidad y el equipo bélico del que hace alarde. Tenían en su poder los delincuentes 10 armas largas incluyendo un Barrett 50, una ametralladora, 3 armas cortas, 12 granadas explosivas, 74 cargadores y chalecos antibalas.
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La desafiante presencia de la alta delincuencia en la ciudad que es la sede del Poder Ejecutivo Federal exige la impostergable reestructuración del plan nacional de seguridad pública. Por si acaso no fueran suficientes los más de 120 mil homicidios dolosos registrados en lo que va del gobierno de López Obrador, las frecuentes incursiones de células del narcotráfico a la Ciudad de México sí deberían poner en alerta a las corporaciones policiacas y militares cuya función es contener la acción criminal.
Aunque esta vez funcionó la estrategia policial para contener la entrada triunfal de las corporaciones del narcotráfico a la capital del país, al mismo tiempo que hay acciones notables del gobierno en la destrucción de laboratorios donde se procesan drogas sintéticas, la batalla va a continuar y deben ganarla las instituciones encomendadas a la seguridad pública.
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Solamente con la ley en la mano y la desarticulación de los engranajes de corrupción y complicidades el Estado mexicano se va a imponer contra los cárteles criminales que, por lo pronto, son los que dominan.
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