Aún con el riesgo de permanente ebullición política que alienta la sensación de inestabilidad, el gobernador Rubén Rocha Moya tuvo ayer una jornada intensa de declaraciones, cambios e indicios que reiteran la incomodidad con la cual gobierna, a poco más de dos meses del cumplir el primer año de lo seis del mandato constitucional que le asignó el voto popular. Y de nuevo, el epicentro del problema es el Partido Sinaloense y el líder de éste, Héctor Melesio Cuén Ojeda.
Al mismo tiempo que siguió con la táctica de quitarle posiciones en su Gabinete a miembros del PAS, refrenda la alta disponibilidad para integrar a su equipo de trabajo a panistas y priistas, tal como lo hizo al designar a Fernando Pucheta Sánchez y Adolfo Rojo Montoya en la dirección de la zona centro y subsecretario de planeación y desarrollo de la Secretaría de Turismo e implementó el relevo en la titularidad de la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios.
Desde muy temprano, en la conferencia de prensa semanera, el Gobernador acusó al PAS de haberse entrometido en la elección que realizó el Movimiento Regeneración Nacional para la elección de consejeros distritales, señalando directamente a esas siglas de cometer “un verdadero atraco político al quererse meter al partido por la puerta de atrás”.
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Descartó que exista una buena relación con el líder pasista a pesar de que en varias ocasiones se han mostrado juntos en convivencia armónica.
Nada bien le viene al gobierno de la llamada Cuarta Transformación que a la difícil situación de la gobernabilidad sinaloense se le añadan episodios de conflicto que no van más allá de las declaraciones y rara vez terminan en las sanciones que les corresponderían a las irregularidades que el mismo Poder Ejecutivo Estatal denuncia. Ni siquiera tratándose de cortinas de humo para esconder realidades que impactan en la sociedad, como es hoy el asesinato del subdirector de la Policía de Culiacán, Juan Miguel Silva, ninguna otra justificación tiene el hecho de crear tensión sobre tirantez social, política y económica que existe.
Al Gobierno de Sinaloa le corresponde garantizar el piso parejo adecuado para el desarrollo de las actividades productivas y ciudadanas lícitas. Los asuntos que tienen que ver con los partidos políticos han de solventarse en las instancias que funcionan para dichos propósitos, como condición indispensable para que los servidores públicos estén a la altura de la responsabilidad que el voto les otorgó y las organizaciones con fines electorales se conduzcan y rijan por el andamiaje jurídico que las regula.
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La arcaica dualidad de gobernante y jefe de partido no les conviene a los sinaloenses ni a Rocha Moya le resulta útil retomarla.
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