Con el asesinato de Rosario Lilián Rodríguez, perpetrado en Elota por criminales el mismo día que se dedica a recordar a las víctimas de desapariciones forzadas, se desplomaron importantes pilares del Estado de derecho en México y la confianza colectiva en las instituciones y políticos a cargo se deterioró a niveles irreparables, si acaso restaurables con la acción gubernamental que cambie de estrategia en el combate a la violencia y concrete la mayor voluntad, sincera y enérgica, en apoyo a las madres y familias que buscan a los hijos.
Se cayeron en un mismo día las estructuras jurídicas, sociales y gubernamentales que desde el 12 el mayo de 2014 quedaron socavadas en Sinaloa con el asesinato de Sandra Luz Hernández, quien trataba de encontrar a su hijo Edgar, homicidio que sigue impune como la herida dejada hace ocho años que vuelve a sangrar. El golpe letal asestado el 30 de agosto a Rosario Lilián significa la demolición total de la esperanza para todo el movimiento de búsqueda de desaparecidos.
¿Dónde queda la Ley General de Desaparición Forzada creada desde el año 2017? ¿Cómo defender la efectividad de las Comisiones de Búsqueda que funcionan a nivel nacional y en los estados? ¿Dónde comienza y quién pagará por el desamparo a las madres que por medios propios buscan a sus hijos? ¿Cómo evitar que se considere hipócrita el discurso de los gobernantes que aseguran estar haciendo lo que les corresponde frente a esta crisis humanitaria? ¿Puede decirse ahora que el Estado no ha sido arrodillado por los delincuentes?
Sinaloa volvió a estremecerse de nuevo con la crueldad del crimen que primero desaparece a los hijos y enseguida asesina a las madres de éstos.
El mismo día que las familias de las víctimas salieron a las calles, plazas, dependencias públicas y denunciaron la indiferencia del gobierno, la parte que se mueve impune en el lado de la ilegalidad envió su mensaje y reto al Presidente Andrés Manuel López Obrador y al Gobernador Rubén Rocha Moya, desafío que sin piedad alguna alcanzó a otra madre rastreadora.
Sobran los “llegaremos hasta las últimas consecuencias”, “estamos con ustedes”, “es una tragedia lamentable”, “buscamos a los criminales con toda la fuerza pública” y “no descansaremos hasta hacer justicia”, porque es parte de la narrativa de desamparo e indolencia que ha acompañado en su lucha a las madres de los desaparecidos. Es hora de que se muestre el rigor de la ley, que los aparatos de procuración e impartición de justicia abandonen las desidias, que el gobierno deje de fingir solidaridad como única respuesta a las víctimas y sus deudos. Es hora de frenar con todo el peso del Estado mexicano esta barbarie donde las autoridades abrazan a los delincuentes y la muerte ciñe a los inocentes.
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