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En Lázaro Cárdenas se impone el no a la planta de amoniaco de GPO

La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que debía consultarse únicamente a las comunidades indígenas que se pueden ver afectadas por la planta de amoniaco en Topolobampo

El consejo de ancianos de la Nación Mayo-Yoreme en la comunidad de Lázaro Cárdenas comunicaron al gobierno de México que la decisión del pueblo era decir no a la construcción de la planta de amoniaco en la bahía de Ohuira.

La decisión se tomó en una asamblea deliberativa celebrada el 31 de agosto en Lázaro Cárdenas, en la cual participaron 320 yoremes, de los cuales 153 eran mujeres. Tras un diálogo y reflexión sobre las afectaciones que causaría la planta de producción de 2 mil 200 toneladas diarias de amoniaco, prefirieron rechazar la solicitud para la Manifestación de Impacto ambiental.

“La votación fue por unanimidad, sin la presencia de autoridades y personas ajenas al lugar, cómo lo marca el protocolo acordado, y en el acto público llamado Asamblea Consultiva notificaron a los organizadores de la consulta indígena la decisión que ellos, la comunidad, construyó el no dar el consentimiento“, informó la comunidad a través de sus representantes.

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La Asamblea se llevó a cabo tras un proceso de información que debió hacerse desde 2014, cuando la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), subsidiaria de la empresa con capital alemán y sueco Proman, obtuvo permisos de parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) de manera irregular.

En 2018, la comunidad de Lázaro Cárdenas pidió un amparo a un juez federal contra ese permiso y este se concedió, pero la Semarnat se contrapuso y solicitó la revisión de un tribunal colegiado, pero el caso no se quedó ahí, sino que fue atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Además de la comunidad de Lázaro Cárdenas, las comunidades de Paredones y Ohuira también solicitaron amparo y ambos recursos se atrajeron por la Corte.

Apenas el 6 de abril de 2022 la Corte se pronunció y echó abajo todos los permisos, al establecer que se debió hacer consulta previa a todas aquellas comunidades que se vieran afectadas por la construcción de una planta para producir amoniaco en la bahía de Ohuira.

Esa resolución fue a partir del amparo que promovió la comunidad de Lázaro Cárdenas. Luego siguió otra en el mismo sentido sobre una solicitud de protección federal por la comunidad de Ohuira.

La Corte indicó que debía hacerse una consulta previa antes de entregar permisos, por lo que la Semarnat y la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas hicieron un estudio y determinaron que al menos 15 comunidades indígenas se verían afectadas en un radio de 45 kilómetros, en caso de que la planta tuviera algún tipo de explosión.

Entre todas las comunidades elegidas por Semarnat, solo cinco se encuentran alrededor de la bahía, se trata de Lázaro Cárdenas, Ohuira, Paredones, Juan José Ríos y Cerro Cabezón, pero solo esta última se ha mostrado a favor.

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El método de la consulta deberá ser revisado por la Corte luego de que finalice el proceso y a partir de ello se fijará un nuevo posicionamiento sobre si avanza o no el proyecto de construcción de una planta de producción de amoniaco.

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