Si bien es cierto que la evocación del 19 de septiembre de 1985 y 2017 está dirigida a recordar a las víctimas de dos sismos terribles en la Ciudad de México, la fecha también actúa como hilo rojo atado al pulgar de cada mexicano, de los gobernantes sobre todo, para no olvidar la importancia de la anticipación a fenómenos que acechan y cuyas consecuencias son cada vez más devastadoras.
Si alguna utilidad podría atribuírseles a las tragedias de este tipo tendría que ser la pertinencia de mantener activados los mecanismos de protección civil, tanto los de las instituciones de rescate como los sistemas públicos de reacción pronta, sin caer en excesos de confianza que en el momento menos pensado se vuelven negligencias criminales.
En 1985, el sismo de magnitud 8.1 grados Richter y en 2017 el de 7.1 en la misma escala, no sólo dejaron zonas de la Ciudad de México en ruinas sino principalmente derribaron el discurso oficial de la prevención.
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Después de los sismos, la pandemia de coronavirus que afectó a México volvió a develar la mentira de que el país se halla con todo dispuesto para resistir ante cualquier amenaza pues otra vez los aparatos públicos de intervención fueron encontrados paralizados, confiados y perplejos. La embestida de la enfermedad Covid-19 expuso el grave atraso en el sistema hospitalario y las autoridades federales y estatales tardaron bastante tiempo en titubeos que abonaron a la confusión e indignación nacional.
Hoy mismo estamos viendo que la entrada de fenómenos meteorológicos al territorio nacional sigue encontrando distraídos a los gobernantes que menosprecian la importancia de disponer de recursos humanos, técnicos y financieros exactamente en el momento en que éstos se requieren.
En julio de 2021 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público desapareció el Fondo de Desastres Naturales y a partir de entonces la ayuda a la población afectada se tornó lenta, burocrática y politizada.
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Es correcto que se capacite a los mexicanos sobre cómo actuar en emergencias por desastres naturales, tal como se hará hoy en el macrosimulacro nacional, que abona a que la gente haga lo adecuado cuando las vidas y bienes están bajo amenazas. En todo caso lo que faltaría es inculcarles a los políticos en el poder la mentalidad de que los recursos públicos y la voluntad de servicio no se escatiman cuando se trata de eventos catastróficos que reclaman al Estado solidario, no al paralizado e insensible.
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