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Ohuira a Rocha: “Tenemos una empresa más grande que la Planta de Amoniaco”

Pueblos indígenas califican el proceso de consulta sobre la planta de amoniaco como ilegítimo y reclaman a gobernador su respaldo ‘a toda costa’ al proyecto

FOTO: Luis Brito / Ethos

FOTO: Luis Brito / Ethos

“Tenemos una empresa más grande que la planta de amoniaco: el mar, los pescadores y las cooperativas”, señaló Felipe de Jesús Montaño Valenzuela, vocero oficial del Consejo Consultivo de la Nación Yoreme-Mayo Sinaloa y gobernador tradicional de la comunidad de Ohuira.

Comunidades indígenas y el Colectivo Sinaloa Despierta Aquí No, indicaron que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, miente al señalar que la Semarnat ya aprobó una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) para la construcción de la planta de amoniaco en Topolobampo; además, enumeraron una serie de irregularidades por las cuales, consideran, las consultas indígenas realizadas para recoger su opinión sobre el megaproyecto son ilegítimas.

Luego de que este martes el gobernador de Sinaloa declarara como finalizado el proceso de consultas a las comunidades indígenas que serían afectadas por la planta y anunciara que la Semarnat ya aprobó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto en litigio, Sinaloa Despierta Aquí No realizó una rueda de prensa en la que refrendaron su apoyo a las comunidades que serían afectadas por la obra.

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“Se han realizado algunas consultas, consultas que no han reunido los requisitos legales que se deberían de hacer y que hoy estas consultas, al tener su término, consideramos que son consultas ilegítimas, que no cubrieron los requisitos que se plantean de manera legal”, lamentó el miembro del colectivo, Juan Manuel Moreno Ramírez.

“Todavía el domingo a las 6 de la tarde los compañeros estaban consultando, la Semarnat estaba trabajando; y al día siguiente el gobernador dice que ya tiene la manifestación de impacto, cuando los funcionarios, a pregunta expresa de la comunidad, señalaban que ellos todavía no tenían un dictamen. ¿De qué se está burlando el señor gobernador cuando dice que ya tiene? O, ¿nos estaban jugando el dedo en la boca con esas consultas que se hicieron a las distintas comunidades?”, se añadió.

Durante dichas consultas, finalizadas el pasado domingo 18 de septiembre, las comunidades de Lázaro Cárdenas, Ohuira y Paredones (aquellas que ganaron el amparo y que la Suprema Corte ordenó consultar), negaron el consentimiento a la planta; sin embargo, reclamaron, a pesar de que la Suprema Corte ordenó consultar sólo a aquellas comunidades que interpusieron el amparo, los gobiernos federal, estatal y municipal de Ahome, acordaron consultar a poblados lejanos al lugar, hasta a 45 kilómetros a la redonda de donde se quiere realizar la planta.

“No es cierto que estamos en contra del desarrollo ni de la economía, simplemente estamos nosotros a favor de la vida y la defensa del territorio de nuestras comunidades (…) no estamos de acuerdo con nuestro gobierno federal, estatal y el gobierno municipal de Ahome, en querer sacar adelante a toda costa este proyecto que no responde a los intereses de las comunidades y pueblos originarios”, añadió Moreno Ramírez.

Colectivo Despierta Sinaloa Aquí No. FOTO: César Hernández

Lista de señalamientos

Desde las comunidades de Juan José Ríos y Ohuira, respectivamente, acudieron también a Culiacán los gobernadores indígenas América Nayeli Limón y Felipe de Jesús Montaño Valenzuela. Este último tomó la palabra para enumerar, lo que él y los pueblos afectados consideran, son claras irregularidades durante todo el proceso de impulso a la construcción de la planta por parte de los administradores públicos.

“Esta defensa que hemos tenido por más de 9 años es en contra de esta planta de GPO. Está llena de irregularidades, para empezar, está en un sitio Ramsar, un sitio federal, un sitio propiamente de nosotros como mexicanos, de nuevo otra vez la invasión del continente europeo como lo tuvimos hace más de 500 años cuando invadieron los españoles”, ejemplificó.

Entre estas irregularidades nuevas y viejas, inició señalando que, a pesar de que el proyecto sigue en litigio, la planta ya se empezó a construir e incluso cuenta con acuerdos con energéticas nacionales como CFE y Pemex para el suministro de gas y la utilización de un muelle, respectivamente.

Otra irregularidad mencionada por Montaño Valenzuela es que las consultas realizadas se tuvieron que hacer solo a las comunidades quejosas amparadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y no a todas las comunidades a 45 kilómetros a la redonda como decidieron las administraciones públicas de los tres niveles de gobierno. “El amparo a Lázaro Cárdenas dice que se tiene que hacer consulta a las comunidades quejosas, nunca dice que se tiene que hacer en un radio de 45 kilómetros”, añadió el cobanaro.

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Por otro lado, configurando una nueva irregularidad, cuando la comunidad de Lázaro Cárdenas se inconformó de la manera en que se estaba llevando a cabo el proceso de consulta, los organizadores decidieron, en un primer momento, excluirla de la misma. “Ante el reclamo de las comunidades, en este caso de Lázaro Cárdenas, únicamente la borraron como si no existiera. No hay buena fe ahí”.

En este sentido, el líder indígena de Ohuira negó que el proceso de consulta se haya llevado a cabo de manera correcta, pues indica que esta no se realizó ni de manera previa, ni informada, ni libre ni de buena fe, ni culturalmente adecuada.

“Mentira. Ya no es previa porque ya se construyó; ya no es libre porque ya se compraron conciencias, mucha gente ya fue comprada; ya no es de buena fe porque te vienen a imponer, y no es culturalmente adecuada porque surgieron duplicidades de gobernadores tradicionales de las comunidades indígenas para que apoyaran intereses tanto económicos y políticos”, denunció Felipe Montaño.

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“Una empresa más grande”

A pesar de toda esta serie de irregularidades, concluyó Montaño, las comunidades indígenas que están contra las afectaciones que traería a sus comunidades la planta, “no quisimos hacer desacato a la Suprema Corte de Justicia, terminamos las tres etapas para en su momento nosotros como pueblos originarios digan que hicimos bien las cosas”.

Felipe Montaño hizo hincapié en que las comunidades indígenas que serían afectadas por este megaproyecto tienen “una empresa más grande que la planta de amoniaco”: el mar, los pescadores y las cooperativas.  

“Nosotros tenemos una empresa más grande que la planta de amoniaco, y esa se llama mar, se llama pescadores, se llaman cooperativas, que generan 3 mil 500, casi 4 mil pescadores, y esos 4mil pescadores generan empleo, a la hielera le generan empleo, las gasolineras, a los almacenes… son muchos empleos los que generan, no los 143 como lo que va a generar la planta de amoniaco, genera mucho más”, añadió.  

Por último, avisó al gobierno de Rubén Rocha Moya que, según el sentido del dictamen que publique la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), las comunidades de la nación Mayo-Yoreme ya están preparando una serie de movilizaciones y manifestaciones en defensa de sus pueblos, modos de vida y territorios.

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La amenaza

Felipe Montaño recordó como el pasado 11 de septiembre la comunidad de Ohuira recibió una llamada telefónica donde amenazaron con levantar a los líderes de las comunidades que están contra las afectaciones que traería la planta de amoniaco a sus comunidades. Tras este hecho, los afectados denunciaron los hechos ante la Fiscalía General del Estado en compañía de representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), lo que les otorgó protección por parte de las autoridades por un tiempo determinado.

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