Seguridad

Gobiernos al desnudo: hackers atacan a Sedena, y en Sinaloa a Seguridad Pública y Fiscalía General

El hackeo refuerza la conjetura de endebles esquemas de resguardo de datos para quienes ejercen funciones de gran trascendencia

Aparte de la información que resultó violentada al hackear los sistemas de datos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la delincuencia cibernética pone en evidencia la vulnerabilidad de la seguridad nacional y de las plataformas de comunicación de altos servidores públicos cuya labor requiere de mayores blindajes informáticos y de tomar más en serio las consecuencias de tener tan expuestas las áreas de secrecía del quehacer oficial.

La especialización en la extracción de informes y fichas de alto nivel de reserva se convierte en amenaza para países y gobernantes que tienen la responsabilidad de adoptar acciones de alto impacto en seguridad pública, acción militar, relaciones internacionales y en general de carácter político económico y social que extrañamente manejan con frágiles medidas de resguardo aquello que necesita de corazas digitales a prueba de todo.

En Sinaloa recientemente se informó que la aplicación de mensajería y voz de WhatsApp les fue intervenida al secretario de seguridad pública, Cristóbal Castañeda Camarillo, a la fiscal general del estado, Sara Bruna Quiñónez Estrada, y en fechas anteriores al gobernador Rubén Rocha Moya, dándole vuelo a la conjetura, mitad preocupación y mitad burla, de endebles esquemas de resguardo de datos para quienes ejercen funciones de gran trascendencia.

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Hoy por la mañana, al reconocer el ataque cibernético dirigido contra la Sedena, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que la información robada “es de dominio público, todo lo que se dice ahí, es cierto y se ha expresado” y atribuyó la intrusión a “gente muy especializada, no cualquiera, no sé si en México haya especialistas en este campo de la cibernética, tengo entendido que este mismo grupo ya ha hecho lo mismo en otros países”.

No obstante que todos los días y en múltiples formas ataca a los mexicanos, el crimen cibernético está creciendo en México con la tolerancia del gobierno, fiscalías y juzgados que por ley deben contar con los instrumentos y mano firme para combatirlo.

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La utilización de las comunicaciones como materia prima de la extorsión, suplantación de identidad, acoso sexual, engaño telefónico e invasión en la vida privada, no es algo intrascendente que deba recibir la apatía de las autoridades; tiene que ser entendido y atendido como asunto de seguridad nacional.

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