Denuncia de la ASE contra Benítez Torres: todo el rigor de la ley como barrera a la corrupción
El Químico acumula una serie de denuncias por delitos que atacan derechos humanos, transparencia, violencia política en razón de género y libertad de expresión
La decisión tomada por el Poder Legislativo para denunciar a través de la Auditoría Superior del Estado al alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, por los contratos irregulares con los cuales compró luminarias a la empresa Azteca Lighting por un monto de 400 millones de pesos, refuerza la confianza en que las instituciones de transparencia, rendición de cuentas y de procuración e impartición de justicia al fin están haciendo lo que la ley les faculta en combate a la corrupción.
Mientras se desarrolla la acción judicial contra el ex alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, vinculándolo a proceso por la renta sin licitar de 40 camiones recolectores de basura, que compromete más de 100 millones de pesos de recursos públicos, la determinación del Congreso del Estado ratifica que sea quien sea el funcionario, y así cuente con influencias en altos niveles del gobierno, la ley lo alcanzará al tratarse de delitos contra el patrimonio ciudadano.
Además aporta a difuminar la hipótesis del juicio a Estrada Ferreiro como venganza y persecución políticas, las que alude el ex alcalde, sentando un segundo precedente de presidentes municipales opacos y autoritarios dentro de la línea de, según lo declaró el presidente de la Junta de Coordinación Política de la 64 Legislatura, Feliciano Castro Meléndrez, “no vamos a permanecer indiferentes, vamos a proceder conforme a la ley, no vamos a prejuzgar a nadie sino vamos a ir en la línea del debido proceso en todo momento”.
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En detrimento de la gobernabilidad y legalidad de Mazatlán, el alcalde Benítez Torres acumula una serie de denuncias por delitos que atacan derechos humanos, transparencia, violencia política en razón de género y libertad de expresión, esa carpeta de ilícitos que ha ido creciendo hasta que el caso de las luminarias hizo tronar la larga espera de la sociedad para que los órganos y preceptos en materia jurídica lo obligaran a responder por tales contravenciones.
La denuncia de la ASE ante la Fiscalía marca sin duda el procedimiento que podría derivar en el desafuero del alcalde de Mazatlán para que responda ante los tribunales por las múltiples acusaciones concentradas en la correspondiente carpeta de investigación, secuencia de ilícitos agravada por la arrogancia y cinismo que Benítez Torres le agrega.
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El caso de “El Químico”, igual que el de Estrada Ferreiro debe llevarse a las debidas sanciones como escarmiento al resto de los presidentes municipales y servidores públicos en general que en plena era de la rendición de cuentas hacen suya la patraña de “el que no transa no avanza”.
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