Administración Federal

Apatías y burlas: se “ahorraron” 9 estados recursos destinados a búsqueda de desaparecidos

Este tipo de desidias es tan grave como la incapacidad del Estado para darle seguridad a los ciudadanos; la sanción debe ir más allá de la amonestación pública

En un informe que confirma la insensibilidad gubernamental respecto a las víctimas y deudos de la violencia en México, la Auditoría Superior de la Federación señala que en los estados de Jalisco, Guanajuato, Nuevo León, Aguascalientes, Ciudad de México, Chiapas, Chihuahua, Guerrero y Estado de México fueron devueltos al menos 121 millones 721 mil 500 pesos de un total de 581 millones 941 mil pesos que se transfirieron a 30 entidades federativas para realizar acciones de atención de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas.

Se trata de presupuestos asignados en 2021 que las nueve entidades federativas subutilizaron en porcentajes que van del 30.3 al 100 por ciento, sin justificar las causas por las cuales no los usaron en cumplimiento de los fines para los cuales fueron otorgados.

Además de este subejercicio, la ASE también detectó debilidades en la operación y supervisión de la aplicación de los recursos por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, debido a que se realizaron pagos retroactivos sin justificación por concepto de la contratación de 89 plazas de personal con carácter eventual.

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A pesar del fenómeno creciente de desapariciones forzadas en México, que para la ONU Derechos Humanos adquiere características de crisis humanitaria, más de una cuarta parte de los estados se sostiene estancada en la indolencia y fingimiento dejando que las madres rastreadoras hagan la labor que le corresponde al gobierno, invirtiéndole ellas tiempo, dinero, y sufrimiento a la búsqueda de sus hijos.

Este tipo de desidias es tan grave como la incapacidad del Estado para darle seguridad a los ciudadanos y por lo tanto la sanción debe ir más allá de la amonestación pública a los gobiernos omisos hasta sentar precedentes jurídicos por la obstrucción a la emergencia de buscar a los desaparecidos que, de acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas con corte al 7 de noviembre, son alrededor de 107 mil 230 mexicanos en tal situación.

Los nueve estados que convirtieron en ahorros las partidas para la búsqueda de víctimas de desapariciones forzadas reportan en total 49 mil 644 personas no localizadas, contexto que agudiza las apatías y burlas. No obstante que el recurso público resulta insuficiente, el agravio se multiplica con el no ejercicio del presupuesto y las comisiones estatales hacen la función de ornato sin que la ley las ajuste por el incumplimiento de sus obligaciones.

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Al menos aquí no debiera permitirse que a la impunidad dada a los perpetradores, se le agregue la impunidad otorgada a servidores públicos irresponsables.

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