En estos momentos en los que México necesita del conocimiento, la razón y la educación para salir del túnel de incertidumbre donde la ley desvanece y la anarquía resalta, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador debe analizar con el microscopio de la inteligencia la iniciativa de ley general en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación que enviará al Congreso de la Unión.

Se trata de elegir entre mantener al país como territorio inculto, donde la violencia se manifiesta y derriba los baluartes del intelecto, o bien entender y fortalecer la importancia de la investigación, academia y desarrollo tecnológico en la divisa de ser reconocidos en el contexto internacional por los productos del saber y el pensamiento, que constituyen el mejor piso parejo para el México humanista.

La comunidad académica y científica alerta que la iniciativa de nueva ley del Conacyt “restringe la libertad académica de las investigadoras e investigadores, impone una estructura jerárquica y burocrática que relega la opinión de científicos, cuerpos colegiados, universidades y asociaciones académicas; no respeta el pacto federal y elimina el compromiso del Estado mexicano de un presupuesto estable para la investigación, todo lo cual implica un retroceso en los avances logrados en los últimos 50 años”.

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El pensamiento crítico, aquel que no sea constreñido a decisiones burocráticas o caprichos de malos políticos, le resulta indispensable a la comunidad nacional frente al contexto de barbarie en el cual el crimen organizado le ha aportado a México 65 mil homicidios dolosos en los primeros tres años del gobierno de AMLO, según informe de la Secretaría de la Defensa Nacional que se da a conocer hoy, a una semana de que se registró en Culiacán la violencia desbordada por la detención de Ovidio Guzmán López, jefe de una de las facciones del Cártel de Sinaloa.

Qué absurdas políticas públicas se implementan por la llamada Cuarta Transformación mientras el territorio azteca reclama, exige, el imperio del raciocinio por encima del dominio de los violentos.

Convertir al conocimiento en rehén de burócratas improvisados, catalogar a investigadores y técnicos como servidores públicos y obligar a éstos a apegarse a la agenda gubernamental, no es lo que necesita México, ni lo que le conviene, en la vorágine actual de miedo, confusión y desesperación.