Estrada Ferreiro con su stand up de inocencia; la justicia con la actuación de la ley

El litigio que el ex alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, libra en los medios de comunicación presentándose como víctima del sistema estatal de justicia le mete bastante ruido a un asunto que les compete resolver a los tribunales, para sentar el precedente donde la posible comisión de delitos por parte de servidores públicos no quede en mero show legaloide sino en la ley aplicada en reciprocidad con la norma jurídica infringida.

Estrada Ferreiro conoce del efecto que los canales noticiosos tienen en la población y trata de utilizarlos de la misma manera que los usó para efectuar el gobierno de Culiacán con ocurrencias y sainetes en vez de acciones públicas exitosas, así como denostaciones contra los críticos a los que no escuchó que lo llamaban a corregir el estilo a todas luces inviable con el que dirigió el municipio central de Sinaloa.

En ese remedo de stand up de sensacionalismo informativo ayer acudió a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado pretendiendo que lo recibiera la titular de la institución, Sara Bruna Quiñónez, para solicitarle que le retire acusaciones ministeriales por delitos de discriminación y abuso de autoridad, sin ser ese trámite otra cosa distinta al alarde de poder dónde quiere que las instituciones de procuración y administración de justicia lo traten con privilegios que no se le otorgan al ciudadano común y corriente.

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En tanto, al desarrollarse ayer la segunda audiencia intermedia del juicio que le sigue el Supremo Tribunal de Justicia a Estrada Ferreiro, la Fiscalía solicitó que el indiciado pague una indemnización de hasta 789 mil pesos para viudas de policías por abuso de autoridad y discriminación y reciba la pena corporal de hasta seis años de prisión.

Los sinaloenses atestiguamos la batalla en la cual la parte indiciada busca los reflectores para evadir mediante el esquech la aplicación de la ley, mientras la contraparte, el Poder Judicial, se tarda en dar el escarmiento al que atentó contra derechos humanos, hizo mal uso de recursos públicos e incurrió en el desempeño irregular del gobierno.

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Está tendida la trampa para que los ciudadanos compadezcamos al infractor y obstaculicemos la acción legal, volviendo a los tiempos en que los políticos delinquían teniendo la protección del enorme escudo de impunidad proveído por el Estado solapador.