Aunque el despojo de sus vehículos a automovilistas creció exponencialmente durante la jornada violenta del 5 de enero referenciada como “Culiacanazo 2.0”, la comisión del delito ha continuado en los siguientes días sin la debida reacción de las autoridades estatales con los operativos para contener el temor ciudadano a ser víctima de estos atracos violentos y padecer el correspondiente daño patrimonial.
Tratándose de ilícitos del fuero común cuya competencia corresponde a las policías estatal y municipales, la responsabilidad no puede atribuírsele ya al ámbito federal como se hizo con los automotores quitados a la fuerza en el desarrollo del segundo “jueves negro” cuyo foco de inseguridad fue Culiacán, expandiéndose a las ciudades más importantes de Sinaloa.
Esta vez la obligación de garantizar condiciones de paz y legalidad es del gobernador Rubén Rocha Moya y de los presidentes municipales.
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Ayer domingo 22 de enero la delincuencia prosiguió con el despojo de automóviles como si existiera vía libre para operar sin temor a que el gobierno la detenga. De acuerdo con los reportes oficiales del servicio de emergencias 911 al menos cuatro unidades fueron quitadas a través de la violencia en los sectores Hacienda del Valle, Ciudad Universitaria, Infonavit CTM, y otro caso sin precisarse, todos cometidos con armas de fuego y en un lapso de 12 horas.
Datos preliminares de la Fiscalía General del Estado consideran que el 5 de enero hubo 460 autos despojados, según las denuncias presentadas ante el Ministerio Público no obstante que la cifra pueda ser mayor, y en los días posteriores los medios de comunicación han dado cuenta de la prolongación del fenómeno con incidencia mayor a la que se tenía antes de ocurrir el “Culiacanazo 2.0” pues en carreteras del sur del estado, en los límites con Nayarit, reportan agresiones de este tipo.
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¿Y el gobierno qué hace? Más allá de llevar al día la estadística de los hechos no ha dado a conocer alguna estrategia destinada a inhibir el robo violento de automóviles, redundando en la pasividad y quedándose estancado en aquella fecha que de nuevo mostró a los sinaloenses a expensas de la inseguridad y autoridades e instituciones superadas por la capacidad criminal para someterlo todo bajo sus dominios. La violencia en Sinaloa es antes y después del fatídico 5 de enero de 2023.
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