Corrupción

Las cuentas que nadie paga: reprueba el Congreso el gasto de 12 ayuntamientos

En cualquier Estado que se precie de ser justo aquel que vulnera el sistema de leyes debe recibir la sanción que corresponde

Dos terceras partes de los 18 municipios de Sinaloa reportaron manejos irregulares en los recursos públicos asignados, por lo cual el Congreso del Estado les rechazó los informes contables y administrativos correspondientes a 2021, repitiéndose el ritual de exhibirlos mediáticamente y luego dejar que los delitos cometidos se olviden y que aquellos que los perpetraron reciban la grotesca impunidad.

Quienes gobernaron los municipios de Ahome, El Fuerte, Choix, Guasave, Mocorito, Culiacán, Navolato, Cosalá, Mazatlán, Concordia, Rosario y Escuinapa, algunos de los cuales fueron reelectos, pueden estar tranquilos porque la liturgia legislativa les halla anomalías graves en sus cuentas públicas y posteriormente los absuelve, y prueba de ello es que nunca un alcalde ha tenido que enfrentar a la justicia por ilícitos como la asignación directa, opaca y a todas luces ilegal de obras públicas.

Sin embargo, en la sesión de ayer la 64 Legislatura de Sinaloa se percató de ese círculo vicioso en el que los servidores públicos que violentan el marco legal reciben a cambio el premio de no ser alcanzados por las instancias anticorrupción y judiciales. Diputadas y diputados coincidieron en impulsar reformas que pongan fin a omisiones e irregularidades frecuentes en el manejo de las finanzas públicas, y exigir actuaciones efectivas a La Auditoría Superior del Estado y los Órganos Internos de Control.

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El presidente de la Comisión de Fiscalización, Sergio Mario Arredondo Salas, lamentó que entre la sociedad sinaloense persista la sensación de impunidad, pues perciben que no se castiga a quien incurre en un mal manejo financiero, a pesar de que se trata de faltas repetitivas como las adjudicaciones directas tanto de obras públicas en la contratación de servicios y pasivos sin fuente de pago.

En cualquier Estado que se precie de ser justo aquel que vulnera el sistema de leyes debe recibir la sanción que corresponde, premisa que se les dispensa a servidores públicos que afectan el patrimonio ciudadano sin aplicárseles el castigo corporal o económico que deriva. La intención que al fin emanó del Congreso, en el sentido de ya no ser tolerantes ante las irregularidades que se encuentren en las cuentas públicas, podría tratarse de oratoria hueca para excusarse el Legislativo de sus propias desidias.

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Ojalé que se pase de las palabras a las reformas concernientes hasta que pague todo aquel que presente cuentas chuecas.

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