¿Ley dura o ley blanda a “El Químico”? La política hizo lo suyo; sigue el turno de la justicia

Si la justicia no es pronta y expedita, como no lo es en el caso de Luis Guillermo Benítez Torres, el exalcalde de Mazatlán que acumula en su contra diez procesos legales entre demandas penales y solicitudes de juicio político, cuando llega el momento de aplicar la ley se alimentan expectativas ciudadanas para que el marco jurídico haga lo suyo sin interferencias de ningún tipo que le abran posibilidades a la impunidad.

Después de muchos meses de librar la acción jurídica a través de maniobras que lo rescataron del alcance de los ministerios públicos y tribunales, por fin ayer el gobernador Rubén Rocha Moya decidió quitarle la titularidad de la Secretaría de Turismo a Benítez Torres, con tal de abreviar los procedimientos sancionatorios sin necesidad de que el Congreso del Estado le instaurara juicio político.

Es decir, acabó el período donde las mismas instituciones de gobierno cobijaron a quien tiene cuentas pendientes con la ley, aunque lo que falta por ver es si terminó también la operación palaciega para evitar que la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial concluyan los procesos que castiguen el presunto daño a las finanzas públicas del Ayuntamiento de Mazatlán derivado del desempeño irregular de la función pública.

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La sociedad sinaloense está observando el desarrollo que tendrán en lo sucesivo las diligencias penales una vez que “El Químico” está a disposición de órganos anticorrupción y judiciales, con la sospecha a flor de piel respecto a que se trate de otro montaje para simular que el Estado de derecho interviene con rigor para subsanar los ilícitos cometidos, y en realidad lo que se arme es otro andamiaje político para que el acusado burle la normatividad jurídica.

De ninguna manera Sinaloa debe ser laboratorio jurídico en el cual la justicia se le imparta enérgica al ciudadano común y corriente y a la vez se torne elástica con los poderosos.

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Con el antecedente de que la larga cauda de delitos le fue solapada a “El Químico” desde Palacio Nacional durante los cuatro años que estuvo frente al gobierno de Mazatlán, y que el 25 de octubre de 2022 el gobernador Rubén Rocha le brindó el salvoconducto de impunidad, los ciudadanos estarán en alerta para contener un nuevo precedente de servidores públicos que delinquen y nunca pagan las consecuencias.