Con el inicio del procedimiento judicial contra el ex alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, acusado por el delito de desempeño irregular de la función pública, la justicia recibe otra oportunidad de imponerse y sentar precedentes de sanción ejemplar a cualquier daño que los políticos les ocasionen a los ciudadanos o al patrimonio de éstos.
En estos tiempos en que existen las suficientes instancias y legislaciones para el combate a la corrupción no debiera temblarles la mano a los fiscales y jueces en lo que respecta a hacer valer la ley, enviándoles la advertencia inequívoca a aquellos que asumen puestos de gobierno con la idea anquilosada de que reciben vía libre para servirse del dinero del pueblo, demeritando las finanzas estatales que debieran destinarse al beneficio colectivo.
Según lo afirma la Fiscal General de Sinaloa, Sara Bruna Quiñónez Estrada, la carpeta de investigación contra “El Químico” va sólida y la expectativa del Ministerio Público es que se le vincule a proceso, lo cual de suceder echaría abajo la conjetura popular que dice que todo está arreglado para que libre a la justicia el presunto inculpado de la compra anómala de luminarias a la empresa Azteca Lighting y la rifa irregular de dos vehículos por los festejos del día de las madres en 2022.
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Aunque Benítez Torres es el eslabón principal de la cadena de manejo de las finanzas municipales de manera ilícita, pues al menos otros ocho funcionarios son asociados en la comisión de los delitos contenidos en esta causa penal, aquí lo que importa es restablecer la confianza de los sinaloenses en general en el sentido de que acabó la impunidad y que cualquier servidor público que se aparte de la normatividad que regula su desempeño deberá responder ante los tribunales sin influyentismos ni celadas para la inacción legal.
En tres días, el 1,2 y 3 de marzo, los sinaloenses sabremos si va en serio la actuación de la justicia o todo es un montaje donde el marco jurídico se torne blandengue, condescendiente y atenuante con el acusado.
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Por ello la profunda observación ciudadana en torno al desarrollo del juicio contra Benítez Torres busca la satisfacción del daño reparado, con la preocupación de que motivaciones políticas puedan más que la razón de ser de la justicia.
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