El miércoles, 1 de marzo de 2023 entró en vigor la Ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa, misma que fue aprobada por mayoría en el Congreso del Estado el pasado 15 de febrero.

Esta ley estatal, ha sido rechazada por la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), pues, de acuerdo con esta institución educativa, la ley estatal contradice la Ley General de Educación Superior y violenta la autonomía de las universidades.

Ante esto, la UAS ha encaminado una batalla legal para ir en contra de dicha ley.

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Robespierre Lizárraga Otero, director de Asuntos Jurídicos de la UAS, explicó que tienen 30 días después de la publicación de la Ley en el Periodico Oficial del Estado de Sinaloa para presentar un amparo ante los juzgados federales e ir en contra de dicha ley.

“El camino jurídico ahorita es interponer un recurso de amparo, el amparo es un medio de control constitucional, vivimos en un sistema constitucional que tiene pesos y contrapesos, ¿para qué? para que el estado no haga lo que quiera, el principio de división de poderes”, dijo.

Mencionó que, con la ley estatal de educación superior se transgrede la autonomía constitucional de la UAS, es decir, se violenta el derecho que tienen las universidades autónomas de tener autogobierno y autonormación y se quebranta la libertad de las universidades de desarrollar sus planes y programas de estudio, su libertad de cátedra y libertad de administrar su patrimonio.

Un ejemplo de ello, dijo es que el artículo tercero de la Ley de Educación Superior menciona que:

 “Toda consulta para modificar las leyes orgánicas (…) será convocada y organizada por el Congreso del Estado”

Lo cual contradice al artículo tercero en su párrafo séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que señala:

“Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas. Determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio”.

Por lo tanto, agregó Lizárraga Otero, no se trata de una postura de la UAS, sino que se violenta a las leyes del país y la autonomía de las universidades sinaloenses.

Por otra parte, mencionó, en caso de negarse este amparo podrían llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Toda batalla legal tiene de alguna manera su camino. Podrías llegar incluso a la Suprema Corte porque de ahí seguirán los tribunales colegiados, de ahí la Suprema Corte, hay tiempo para librar esta batalla”, dijo.

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De haber resolución del poder judicial, explicó, el Congreso del Estado estará obligado a acatar, mientras tanto, la UAS está preparada para defender su autonomía.