La violencia en Culiacán comienza con cegarle los “ojos” a la ciudad

Los ataques con armas de fuego contra las videocámaras de vigilancia en Culiacán, e igual la tolerancia a este tipo de hechos porque los responsables nunca son ubicados ni sancionados, representan el prototipo fallido de seguridad pública en Sinaloa que más allá del equipamiento afectado produce en la población el consiguiente sentimiento de ausencia de autoridad y la presencia evidente de más delincuencia.

En realidad, ni la misma Secretaría de Seguridad Pública estatal sabe qué dispositivos de vigilancia remota funcionan y cuáles no, puesto que en cinco ocasiones en lo que va de 2023 han ocurrido eventos para afectar la videovigilancia lo cual hace suponer que se trata de cámaras “ciegas” que ni siquiera sirven para registrar datos de identificación de los agresores.

Aunque no se requiere de investigaciones profundas para determinar que el costoso aparato de seguridad a distancia es ocioso o bien obsoleto, la ecuación de alta incidencia delictiva más impunidad apunta hacia el mismo resultado desalentador: de acuerdo a informes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública crecieron violencia intrafamiliar en 48 por ciento, desapariciones forzadas en 18 por ciento y homicidios dolosos en 16 por ciento, en enero y febrero de 2023.

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Al Gobierno de Sinaloa le resulta imprescindible efectuar el balance sobre la videovigilancia en las principales ciudades del estado, desde cuáles están en situación útil y las que son de adorno como factor de amedrentamiento, el recurso público que es destinado al mantenimiento de dicha tecnología, los hechos delictivos que han sido castigados por los datos aportados por este sistema de monitoreo urbano y qué acciones policiacas se realizan para inhibir las acometidas contra tales dispositivos.

En cualquier medición sensata de costos-beneficios se pondera lo que da buenos resultados y desecha lo que representa una carga en lugar de ser rentable en propósitos definidos, siendo indispensable que aquello que se malgasta en la estrategia de videovigilancia se destine a áreas de seguridad pública con necesidades apremiantes.

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Qué perjuicioso sería que a las cámaras “ciegas”, que no registran eventos de delincuencia ni graban a los transgresores que las inutilizan, se les añadan servidores públicos cuya ceguera les impide notar lo imperioso de cambiar la estrategia de protección a los ciudadanos.