Ciudad de México.– “La desinformación sigue siendo una de las estrategias preferidas del gobierno federal”, concluyó la organización Artículo 19 en su informe “Desinformación oficial y comunicación social”.
A través de un comunicado, Artículo 19 difundió los resultados de un estudio en el que concluyó que el presidente Andrés Manuel López Obrador, “ha desplegado una estrategia de desinformación dentro de su política de comunicación social, la cual se acompaña de la cancelación efectiva de los procesos legales de acceso a la información, así como del ataque a voces críticas, a las que identifica como adversarias”.
Para realizarlo, la organización presentó 84 solicitudes de información y 22 recursos de revisión relativos a 34 declaraciones realizadas por el presidente entre 2019 y 2022. Estas sobre temas como corrupción, economía, Covid, organismos autónomos, programas sociales y seguridad.
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Producto de esta investigación Artículo 19 encontró que solo dos de las 34 declaraciones analizadas del presidente (5.6%) fueron respaldadas con información pública; que una de las declaraciones (2.9%) presentaba información verificable, pero se omitieron datos para situarla en su justo contexto; en dos casos (5.9%) se empleó información de manera engañosa; en 20 casos (58.8%) ni la OPR ni otras instituciones de la Administración Pública Federal presentaron datos que permitieran comprobar la veracidad o falsedad de los dichos del presidente; y que la información pública proporcionada por las propias instituciones demuestra que nueve de las declaraciones (26.5%) fueron falsas.
“Cuando una figura tan relevante como lo es la Presidencia de la República difunde información falsa o que no está sustentada en datos oficiales, se genera un profundo efecto negativo en la dimensión colectiva del derecho a la información, pues se perjudica el derecho de las personas a estar informadas de forma efectiva”, indicó al respecto Articulo 19.
Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que, en el ejercicio de su libertad de expresión, las y los funcionarios públicos “están sometidos a ciertas limitaciones en cuanto a constatar en forma razonable, aunque no necesariamente exhaustiva, los hechos en los que fundamentan sus opiniones, y deberían hacerlo con una diligencia aún mayor a la empleada por los particulares, en atención al alto grado de credibilidad del que gozan y en aras a evitar que los ciudadanos reciban una versión manipulada de los hechos”.[1]
Asimismo, en la Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión y Noticias Falsas, Desinformación y Propaganda se establece que “los actores estatales no deberían efectuar, avalar, fomentar ni difundir de otro modo declaraciones que saben o deberían saber razonablemente que son falsas (desinformación) o que muestran un menosprecio manifiesto por la información verificable (propaganda).”
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Consulta a continuación el estudio completo:
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