En delitos sexuales de sacerdotes contra feligreses, mano firme de la justicia terrenal

A diferencia de la actitud guardada durante décadas de silencio y solapamiento frente a denuncias de abusos sexuales cometidos por algunos de sus sacerdotes, hoy las autoridades eclesiásticas de Culiacán se ponen al lado de la justicia para que sean castigados los clérigos que además de un daño moral a víctimas y la institución religiosa en sí, incurren en delitos de orden penal.

A raíz de que un joven se animó a denunciar por presunta violación a un sacerdote de Estación Bamoa, Guasave, agresión perpetrada durante la niñez del afectado, otras posibles víctimas de delitos sexuales cometidos por curas salieron del miedo a contar sus propias historias en el mismo sentido, a lo cual la Diócesis de Culiacán respondió con la correspondiente querella contra quienes resulten responsables de sus sacerdotes por cometer ilícitos contra la comunidad católica.

Este tema requiere de manejos alejados de sensacionalismos y morbos para que prosiga por la senda legal, tal como hasta hoy lo han llevado las autoridades estatales, siendo éste el caso del gobernador Rubén Rocha Moya, quién expresó su apoyo a la Diócesis por tomar el asunto de frente al seguir ocurriendo denuncias.

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En la misma línea de responsabilidad como servidores públicos se expresaron la titular de la Secretaría de las Mujeres, María Teresa Guerra, pues considera positivo el hecho de que las autoridades diocesanas hayan dicho que van a suspender a los supuestos victimarios, pero además de eso se requiere una investigación y si hay un delito que se castigue. Por su parte, la fiscal general de Sinaloa, Sara Bruna Quiñónez, prometió que los casos que se conozcan serán llevados a las últimas consecuencias jurídicas ya que la condición religiosa de los probables perpetradores no los excluye de la justicia, “al contrario, hay mayor exigibilidad al incumplir el compromiso de vida con el que cuentan”.

Para quienes padecieron los abusos no basta con la promesa de que la justicia divina hará la parte que le corresponde, pues la razón de ser de las valientes denuncias consiste en la no repetición de los delitos e impunidades que salen a relucir.

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Por elemental obligación que establece la ley, y por limpiar la imagen de la fe católica, el Estado debe actuar firme, la sociedad permanecer al lado de las víctimas y la Diócesis sostenerse como principal colaboradora de fiscales y jueces.