Generales, “nuevos empresarios de la Revolución Mexicana en Sinaloa”

El crecimiento económico y el surgimiento de nuevos empresarios en Sinaloa en el marco de la Revolución Mexicana, despegó incluso en el momento que el conflicto se mantenía en el resto del país.

Lo anterior porque la crisis social y política en la región vivió sus momentos más álgidos previo a 1913, momento en que los caudillos de la entidad comenzaron inmediatamente a preocuparse por impulsar las inversiones.

De este episodio de la historia sinaloense nos habla el investigador Alonso Martínez Barreda en su trabajo “Nuevos empresarios de la Revolución Mexicana en Sinaloa”, que conforma parte del libro “Historia de los empresarios en Sinaloa (1880-1920).

El autor se aleja de las ideas convencionales de los postulados sociales de este conflicto para mostrar con fuentes fehacientes, como en Sinaloa la Revolución fue dirigida por un grupo de notables provincianos de una fracción de la pequeña burguesía, quienes ven la necesidad de un revelo de poder.

En términos económicos, durante el largo periodo de la etapa conocida como el Cañedismo, dicho gobierno estuvo en manos de pocas familias de hacendados, sin dar margen a la consolidación de otros sectores de pequeños empresarios.

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Tras el llamado de Francisco I. Madero, esta coyuntura en la entidad se desarrolló bajo la dirección de Juan M. Banderas, Felipe Riveros, Ángel Flores, Rafael F. Iturbe, Juan José Ríos, Juan Carrasco, quienes tomaron la ciudad de Culiacán.

A la llegada de esta generación de “generales empresarios”, una de sus principales acciones políticas fue la de garantizar y obligar a los empresarios a continuar con sus actividades comerciales e industriales, dando certeza a las viejas familias porfirianas la recuperación de sus capitales perdidos.

“Decreto del 26 de enero de 1914, en el cual el gobierno reconoce a todos los nacionales y extranjeros el derecho a reclamar los pagos por daños que sufrieron durante la revolución, entre el 21 de noviembre de 1910 y el 31 de junio de 1911”, se lee en el texto de Alonso Martínez, luego de consultar el Periódico Oficial del Estado.

Sin embargo, el investigador también precisa las nuevas condiciones bajo las que los empresarios del viejo régimen tenían que acceder para el retorno de las propiedades que se les habían sido confiscadas. Narra el caso de un hombre de negocios llamado Guillermo Macario, quien estableció un contrato con el gobierno para trabajar la hacienda “La Primavera”.

El contrato entre arrendador y arrendatario se indicaba el compromiso de otorgar 30 sacos anuales de garbanzo al gobierno, también la obligación de cultivar caña de azúcar y fabricación de panocha, obligado a entregar el 25 por ciento de cada uno de los productos cosechados.

“A todas las fincas, minas, haciendas y comercios que fueron intervenidas y usufructuadas por parte del gobierno, se les garantizó conservar intacta la propiedad jurídica de sus legítimos propietarios, que ante el reclamo que hacen de sus bienes al gobierno constitucionalista les son reintegradas a partir de 1914”, muestra el investigador.

A través de este esquema surgen nuevos monopolios en Sinaloa, como es el caso de la producción y distribución de azúcar, que ante la quiebra de esta industria en el sur del país derivado del conflicto armado, nuestro estado ser convertiría en el principal granero comercial.

Alonso Martínez Barreda informa que para 1910 son tres los empresarios en el estado que monopolizan el precio, producción, calidad y mercado de azúcar, organizados en la “Unión Azucarera de Sinaloa”, conformada por “Redo y Compañía”, “The Almada Sugar Refineries Company” y de la “United Sugar Company”.

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Estas políticas establecidas para fomentar las inversiones darían pie con los años a nuevas sociedades y nuevas formas de organización de los empresarios industriales y comerciantes. Posteriormente un incremento en los créditos bancarios y nueva infraestructura con el propósito de ampliar la planta productiva.

Al inicio de 1910 y en los años más conflictivos en el estado tenemos la construcción de empresas, de las cuales se mencionan algunas:

The Oso Sugar Company, S.A. con capital social de $300.000.00 (1913)
The Navito Sugar Company, S.A. con capital social de $100.000.00 (1913).
Cía Industrial y Comercial de Mazatlán $20.000.00 (1911).
Alfredo J. Almada y Hermanos $35.000.00 (1910).
Herrería y Cía. Sucesores $150.000.00 (1910).

Cabe destacar que el autor también da a conocer que conforme los generales revolucionarios accedían al poder, comenzaron a consolidar fortunas, ya que este ascenso político les posibilitó las condiciones para desarrollarse como nuevos empresarios.

Tenemos los casos de los generales Ramón F. Iturbe, gobernador de Sinaloa entre 1917 y 1920, que en su cargo entra en relaciones de negocio con “Redo y Cía” (perteneciente a la familia cañedista de Los Redo); dicha sociedad, por conducto del Sonora Bank y Trus Co., en Nogales, acreditándoles a su cuenta la cantidad de 3 mil dólares.

En 1917 compró el 40 por ciento del fundo minero la “Trinidad” en 6 mil dólares a Gustavo de la Vega (un Cañedista). También fue accionista de la sociedad “Juan Estrada Berg y Cía”, administrador del periódico “El Correo de la Tarde”.

Por su parte, el general Ángel Flores, gobernador de Sinaloa entre 1920 y 1924, también entró en relación con “Redo y Cía”, estableciéndose una remesa de $19, 926, 00, por conducto del First Nat. Bank de Nogales.

En cambio, el general Juan José Ríos, de acuerdo con el investigador, consolidó sus inversiones en la compra de tierras, logrando monopolizar grandes extensiones

“Las fortunas de los dirigentes políticos que se consolidaron como nuevos empresarios al calor del movimiento de 1910-1929, así como de los antiguos empresarios, consolidan la clase de poder económico en Sinaloa”, se lee.