Las otras protestas a la Ley de Educación del Estado de Sinaloa

¿Guarda algún paralelismo la actual polémica entre Rubén Rocha Moya con la UAS, con el conflicto entre el gobernador Francisco Toledo Corro con la misma institución a inicios de los años ochenta?

La comparación histórica la hizo el mismo rector Jesús Madueña, al acusar un intento de injerencia a la autonomía universitaria por parte del Congreso del Estado tras anunciar una iniciativa que reformaría la Ley Orgánica de la UAS.

“Ahí está la historia, hoy estamos en un momento similar a cuando se dio en los 80 la lucha en contra del gobernador Antonio Toledo Corro, así lo veo de grave, y esta gente, que son universitarios, pues quieren pasar a la historia como otro Toledo Corro”, señaló.

Actualmente, mientras que de parte del gobernador y legisladores como Feliciano Castro afirman el secuestro de la comunidad universitaria por parte de un partido político, de lado contrario señalan las intenciones de “morenizar” a la UAS, enfrascándose ambos bandos en una lucha legal y mediática.

¿Qué sucedía durante la década de los ochenta para que la máxima autoridad universitaria hiciera alusión a ese episodio de la historia contemporánea en Sinaloa?

Como punto de partida encontramos que ambas confrontaciones detonaron justo en el momento de anunciarse leyes a la educación por parte del gobierno: La Ley de Educación para el Estado de Sinaloa enviada por el propio Toledo Corro al Poder Legislativo en enero de 1981, y la homologación de la Ley General de Educación Superior armonizada por la actual Legislatura.

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Sin embargo, si bien en esta parte los dos acontecimientos podrían coincidir, los contextos políticos son totalmente diferentes.

De ello nos narra el universitario Jaime Palacios, académico que participó activamente en la primer embestida de Gobierno del Estado, quien posteriormente llegó a ser contendiente de Rubén Rocha Moya en la candidatura a rectoría.

“El contexto es muy diferente. Ya no digamos los personajes, no por los personajes en sí, sino los personajes que tienen distinta historia, distinta formación, distintas visiones, distintas experiencias políticas, inclusive distintas concepciones filosóficas”, opinó al ser consultado por Espejo.

“Toledo y Rocha no pueden ser comparados, es una tontera quien intente decir, ‘ah, son iguales’: es una aberración esa afirmación”, consideró.

Explicó que en ese tiempo la Universidad Autónoma de Sinaloa era una comunidad que representaba un factor político en el estado, en ocasiones determinante para mantener ciertos equilibrios, dada la influencia del PRI que abarcaba todas las esferas de la vida pública, menos a la UAS en ese tiempo.

Por lo tanto, para Jaime Palacios, Francisco Toledo Corro tenía abiertamente las intenciones de desmembrar a la universidad. Para ello diseñó una ley que facultaba al Gobierno del Estado impartir la educación media superior, con la intención de quilarle las preparatorias a la UAS y de esa manera restarle influencia.

Al mismo tiempo dicha legislación contempló la creación de la Universidad de Occidente, hoy UAdeO, que en ese momento se consideró un centro de educación superior “elitista” por los universitarios.

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“El señor Toledo quiso quitarle fuerza a la universidad y lo trató de hacerlo de la manera más primitiva, burda y represiva. Cómo puedo quitarle importancia política a la universidad, dijo, le voy a crear una universidad, UAdeO, le voy a quitar todas las preparatorias porque el número de estudiantes a nivel medio superior en el estado, eran cuantitativamente muy relevantes dentro de la comunidad universitaria. Entonces, que la universidad nomás se quede con el nivel superior”, continuó Jaime Palacios.

Días posteriores que el Congreso del Estado recibió la iniciativa del gobernador Toledo, el rector Eduardo Franco mandó publicar un comunicado en los periódicos de la época, manifestando lo que ellos consideraban una amenaza a la autonomía universitaria.

En un ejemplar del Diario de Sinaloa de enero de 1981, comentaba que a la UAS no se le podía poner condiciones de orden político, rechazando la acusación del Poder Ejecutivo que los señalaba de no cumplir con sus funciones educativas.

“Llamamos a todos los universitarios sinaloenses a estar atentos y discutir los planteamientos anteriores, con el fin de adoptar las medidas que consideremos más prudentes, y evitar a tiempo que la vida académica de la institución se vea afectada”, se lee en el impreso resguardado en el Archivo Histórico General del Estado.

Estas diferencias generaron un conflicto abierto entre ambas partes, representado en consecuentes movilizaciones de estudiantes, administrativos y maestros, que marcharon en reiteradas ocasiones al Palacio de Gobierno, al Congreso del Estado y hasta la Ciudad de México.

Los momentos más críticos se vivieron cuando el gobernador Toledo bloqueó el subsidio federal a la universidad, dejando sin recursos y mucho menos sin salarios a los trabajadores de la UAS por un periodo de tres meses, lo que lejos de reprimir las manifestaciones, las avivó aún más.

Como medidas administrativas para que los universitarios cedieran a la presión, el gobernador se adueñó de la nómina de la UAS para obligarlos a acudir a cobrar sus sueldos a una ventanilla del Palacio.

“Fueron algunos que no resistieron los tres meses sin sueldo y fueron y cobraron. Pero la gran mayoría del personal académico y administrativo de la UAS resistió y no cobró”, asegura Palacios.

Desde entonces hasta el último mes de 1981, ese movimiento universitario aglutinado en diversos grupos de izquierda, llevó a cabo una intensa jornada de medidas y actividades para conservar a las preparatorias.

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Finalmente, como se lee en el libro “Izquierda y universidad: Un discurso rampante (1966-1985)”, del académico Ronaldo González Valdez, los argumentos jurídicos y las movilizaciones de los universitarios forzaron a que en el texto final de la ley, aprobada en febrero de 1981 se modificara que sus disposiciones no serían aplicadas a la UAS.

“Ante este indudable, terco hecho, y con sus objetivos consumados en parte (había comenzado a operar el sistema oficial de bachillerato: Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa, COBAES), el gobierno acepta pactar con la UAS”, se lee en la obra, tendiendo de mediadores a autoridades de la SEP y de la ANUIES.

Por su parte, Jaime Palacios insiste en que no puede haber un espacio de comparación entre ambos episodios, reitera que esas motivaciones del gobierno de Toledo Corro en contra de la UAS son muy distintas a las que existen en el presente.

“Yo le digo, son contextos muy distintos y cualitativamente diferentes lo que se vivió en la relación UAS-Gobierno del Estado, con Toledo Corro, a la que se vive hoy UAS-Gobierno del Estado, presidido por Rubén Rocha”, defiende.