Administración Pública

Auditoría denuncia a rector de la UAS por abuso de poder

La UAS rechazó que la Auditoría Superior del Estado fiscalice 350 millones de pesos de ingresos y egresos de recursos propios

Sinaloa.- La Auditoría Superior del Estado (ASE) denunció al rector Jesús Madueña Molina y al abogado Robespierre Lizárraga Otero de abuso de poder.

Es una denuncia que se presentó ante la Fiscalía Anticorrupción por negarse a una revisión a los recursos propios de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2022, cuyo monto supera los 350 millones de pesos.

Es una auditoría financiera, similar a la que se practicó en 2018 por la Auditoría Estatal a la UAS, pero esta vez se tuvo la resistencia de las autoridades universitarias.

Escaneo a la carátula de la denuncia de hechos

Esta denuncia se hizo tras dos llamados a la UAS para que se abrieran las finanzas internas.

El rechazo prosiguió en una segunda llamada. En una primera solicitud de la información, la UAS negó la entrega de la misma, asegurando que la ASE no se encuentra facultada para hacer una revisión al interior de la Universidad y en la segunda, pero el director jurídico de la UAS -Lizárraga Otero- señaló que la Auditoría Superior de la Federación ya haría una similar.

“El día de hoy, personal notificador de esta institución se presentó con el objeto de notificar al Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa un oficio donde se atiende lo manifestado por el director jurídico de dicho ente y se reiteran las facultades de la Auditoria Superior del Estado de Sinaloa para realizar esta auditoría; sin embargo, dicho documento no fue recibido en Rectoría”, indicó la Auditora Emma Guadalupe Félix Rivera en un comunicado.

“Posteriormente, se presentó personal auditor en cumplimiento a la orden de auditoria 125/2023 con el objeto de aperturar dicha auditoria y recibir la documentación solicitada, encontrando igualmente negativa para ello por parte del área jurídica de la universidad, todo lo cual se hizo constar en actas administrativas para todos los efectos a que haya lugar”.

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El plazo de apertura a la auditoría estatal culminó este 30 de marzo, pero no ocurrió. Todo esto pasa en medio de un escándalo político en el que se incluye una reforma a la Ley Orgánica de la Universidad, luego de que la Ley de Educación Superior establece cambios sustanciales en las universidades.

La Auditora advirtió que de no abrir las arcas internas, se procedería de forma legal y el resultado final fue la denuncia por abuso de poder.

“En esa virtud, esta institución procederá como lo mencioné en acatamiento al marco legal que nos rige otorgando el seguimiento correspondiente a la auditoria 12/2023 como es el inicio del procedimiento para la imposición de multas por omisión en la entrega de información y documentación, dar vista a la comisión de fiscalización del Congreso del Estado de Sinaloa por la negativa a atender la auditoria en mención, así como las demás acciones que resulten procedentes legalmente”, enfatizó la Auditora.

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