Al cumplirse hoy un año del crimen que privó de la vida al periodista Luis Enrique Ramírez, 365 días de impunidad para quienes perpetraron el homicidio, nada más patético podría ocurrir que las declaraciones de la Fiscal General del Estado, Sara Bruna Quiñónez Estrada, al endosarle la responsabilidad a la ciudadanía por no denunciar a los presuntos asesinos del comunicador, luego de que la institución del Ministerio Público ofreció una recompensa para quien contribuya a esclarecer el caso.

“La gente es muy buena para criticar, pero cuando ya se trata de cooperar, de aportar, de dar datos, entonces sí ya se voltea para otro lado y ya no quiere cooperar”, “me llama la atención que no ha habido ninguna llamada que tenga algo de trascendencia, ¿qué quiere decir esto? que la sociedad no coopera, no le interesa, sólo le gusta leer por el morbo quizá, pero no les interesa cooperar con las autoridades”, “no creo yo que en Pueblos Unidos no haya personas que los conozcan, que en El Dorado no los conozcan, o que para de El Salado no los conozcan, que son los lugares que todos saben que por ahí se llevan, pero pues nadie nos da ningún dato concreto”, declaró la Fiscal.

La derrota de la FGE implícita en la postura de la servidora pública debe preocupar a los sinaloenses y al aparato entero de seguridad pública, indagación de delitos, Congreso del Estado y no se diga a los deudos de las víctimas de la violencia, porque queda en entredicho la capacidad de la institución en la persecución de aquellos que incurren en actos ilícitos, así como la eficacia de la ciencia forense, Policía Investigadora y capacidad para integrar las respectivas carpetas de acusación.

La Fiscal recrimina a los ciudadanos como si tuviera Sinaloa los mecanismos confiables para que la población coadyuve denunciando a delincuentes sin poner en riesgo la vida, pues es secreto a voces que persiste la infiltración y delación en el aparato de procuración de justicia que operan en contra de la confidencialidad de la colaboración cívica. Si este fuera el eslabón roto que impide que la gente participe aún ofreciéndole recompensas, imaginemos entonces el colapso de la cadena de judicialización de hechos infractores de la ley.

El crimen que le costó la vida a Luis Enrique Ramírez debe ser esclarecido y llevado ante la justicia por la Fiscalía General del Estado, sin buscar escondrijos que la evidencian incapaz y derrotada no solamente en este caso sino en muchos más.

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Sale sobrando que a la indefensión que experimenta Sinaloa, y el dolor e impotencia de las familias afectadas por la delincuencia, se le agregue el sombrío estado de cosas que emana de la postura exhibida por la titular de la FGE.